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CH. TUYA
Viernes, 31 de octubre 2014, 00:19
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El despido de la plantilla de valoradores de la Ley de la Dependencia también sirvió para evidenciar en el pleno la falta de sintonía entre la consejera socialista, Esther Díaz, y la portavoz de IU, Noemí Martín. Tal y como adelantó EL COMERCIO, la Consejería de Hacienda ha incluido en el concurso de traslados para funcionarios las 37 plazas de valoradores de la dependencia.
Se trata de personal contratado en 2007, con carácter temporal, tras superar un examen, cuya formación inicial costó más de 30.000 euros y que ha continuado cada año. Sobre todo, desde 2012, cuando el Gobierno central modificó y endureció el baremo.
«Estamos coordinados»
Ladecisión de Hacienda supuso una ruptura con la posición defendida, hasta ahora, por Bienestar, que consideraba singular al colectivo, que era la 'puerta de entrada' a las ayudas a la dependencia. Es decir, plazas no disponibles para el concurso de traslados. Según Noemí Martín, «la Administración tiene una actuación absolutamente deshumanizada», no solo hacia «una plantilla que ha hecho un trabajo por encima de sus tareas», sino hacia las personas con dependencia «que pagarán las consecuencias».
Lo dice Martín porque entiende que el plazo de formación de los nuevos valoradores «repercutirá negativamente» sobre los dependientes a la espera de ayuda.
La consejera volvió a insistir en que la «acabaremos este año con la lista de espera» y que la decisión de Hacienda «no fue un gol» a su departamento, sino que ambos «estamos coordinados». No obstante, no pudo precisar cuándo se llevará a cabo el cambio, «no va a ser hoy, va a ser cuando toque», porque, explicó, «Función Pública está en otros concursos». Sí adelantó que «se sustituirán la mitad de los puestos», ya que no ha habido solicitudes para cubrir las 37 plazas.
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