El Comercio

Padres y docentes piden la retirada del consorcio de 0 a 3 por falta de consenso

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Maximina Fernández, de FETE-UGT, e Isabel Fernández y Enma Rodríguez, de SUATEA, muestran las firmas. Detrás, los representantes de los padres y las trabajadoras, Faustino Sabio y Henar García. / ÁLEX PIÑA

  • Solicitan la integración de las escuelas infantiles en la red pública «para evitar desigualdades» y alertan de que «la ley no detalla qué pasará con la plantilla»

«Es curioso que el Gobierno regional critique la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por oscura y por no contar con la participación de las familias y los trabajadores y ahora presente un anteproyecto de ley sobre el consorcio de las escuelas de 0 a 3 y no cuente con nuestra opinión para nada». Así de rotundo se mostró ayer el presidente de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (COAPA) de Asturias, Faustino Sabio. Y de su misma opinión son dieciséis colectivos más de docentes, familias, representantes sindicales y agentes sociales que han sumado 10.686 firmas en contra de este órgano público (formado por Principado y ayuntamientos) para asumir la gestión de los centros de 0 a 3.

Ayer, la Asociación de Educadoras Infantiles del Principado (AEIPA) y las centrales SUATEA, FETE-UGT, CC OO y USIPA presentaron en el registro de Presidencia todos los apoyos recabados para pedir su retirada. Y continuarán haciéndolo. De hecho, se han marcado llegar a las 16.000 o 17.000 el próximo día 19, cuando harán entrega de otra remesa de firmas.

La plataforma solicita la integración de las escuelas infantiles en la red educativa pública «para evitar desigualdades», ya que la adhesión de los ayuntamientos al consorcio es voluntaria, por «lo que habrá consistorios que se puedan sumar, pero otros, más pequeños, por falta de recursos o estar sujetos a ajustes, al pago de proveedores, no». En este sentido, Luis Ordóñez, de la AMPA de Les Xanes de Mieres, alberga dudas sobre si el gobierno de su municipio podrá incorporarse al consorcio.

Aparte de «la falta de transparencia y falta de información», la plataforma coincide en que «el anteproyecto de ley no dice nada sobre qué va a pasar con el personal». La presidenta de AEIPA, Henar García, especificó que «si se disuelve el consorcio, se extinguirá la relación laboral, y tampoco figura nada sobre qué tipo de contratos se van a hacer. No nos vale con la palabra de la consejera; queremos que lo ponga por escrito porque después de las elecciones no sabemos qué gobierno va a venir». Además de los distintos modelos de escuelas que podrían crearse (las del consorcio, privadas, concertadas y jardines de infancia), García Rubio apuntó que «existe la posibilidad de que entre financiación privada en el ente, por lo que se abre la puerta a una posible privatización». Juan Ron, del AMPA de la escuela infantil Dolores Medio, no ve complicado que los ayuntamientos traspasen sus poderes a la consejería para que las escuelas sean públicas y gratuitas. «Ahí tenemos el ejemplo del Hospital de Arriondas».

Por su parte, el Consejo de Gobierno autorizó ayer destinar 8,5 millones para cofinanciar el funcionamiento de las escuelas de 0 a 3 años en los 37 ayuntamientos que suscribieron convenios para desarrollar el plan de ordenación en el curso 2014-2015.