Las acusaciones piden hasta 162 años de prisión a los implicados del 'caso Renedo'

Hace casi cinco años que se inició el 'caso Renedo' para investigar una presunta trama de corrupción anidada en el Principado y llega el momento de poner negro sobre blanco el resultado del trabajo policial y judicial, separar los hechos probados de las sospechas. El procedimiento invita a las acusaciones a ser las primeras en fijar posición, trámite con el que hoy cumplirán los últimos letrados. De las conclusiones culminadas o a punto de cerrar se deduce una condena máxima en el entorno de los 162 años de prisión para los implicados y multas que suman 22,5 millones, además de 197 años de inhabilitación para el desempeño de cargos o empleos públicos.

La fiscalía fue la primera en registrar su escrito de calificación, el viernes, y mantiene el criterio de limitar a siete los aspirantes a sentarse en el banquillo. El Principado también actuará contra los mismos siete y responsabiliza al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre de la comisión continuada de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, estafa agravada, además de fraude de fondos públicos y exacciones ilegales. La lista expondría al exresponsable de Educación a una petición de condena cuya horquilla varía de los dos años y medio de privación de libertad a un máximo que excede la década.

El Partido Progresista de Belmonte y el Bloque por Asturies ultimaban anoche sus escritos y, a falta del último análisis jurídico, todo apunta a que recogerán el guante lanzado por la Audiencia Provincial. La Sección Tercera apuntó que encontraba motivos para abrir juicio oral contra quince procesados.

En el asunto hay una acusación particular, representando a la familia que se siente víctima de las maquinaciones de Marta Renedo Avilés. Les defiende el letrado Antonio Pineda, quien solicita que la funcionaria sea condenada a 37 años y seis meses de cárcel. El abogado cree probado que Renedo se aprovechó de su puesto en el Principado para recabar los datos personales de una anciana; valiéndose de ellos abrió cuentas bancarias y cerró operaciones mercantiles. En un momento dado, la Agencia Tributaria requirió a la nonagenaria que explicara por qué no declaró todo ese dinero que circulaba a su nombre. La mujer falleció sin saber quién la había metido en semejante embrollo.

La más extensa en sus conclusiones quizás sea la acusación popular emprendida por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall). Su letrado Esteban Aparicio resume más de una década de supuestos delitos a lo largo de 242 páginas. El escrito acusa a 13 procesados y solicita el sobreseimiento de dos. De prevalecer sus argumentos, los implicados acabarían condenados a un total de 158 años de cárcel, inhabilitación por un periodo de 197 años y multas que suman 22,5 millones.

Incesante actividad delictiva

Quien sale peor parada en su relato de hechos es la propia Renedo, para quien reclama 33 años y seis meses de privación de libertad, además de 619.184 euros en concepto de multa. Sostiene Avall que la funcionaria «desarrolló una incesante actividad delictiva amparada en su cargo público, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente». Para ello «se dedicó para sí o por precio o recompensa en especie, a obtener fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos» al margen de apropiarse directamente de «fondos públicos» y favorecer a otros implicados.

Aparicio fundamenta sus conclusiones en correos electrónicos intervenidos, la contabilidad 'B' incautada a Igrafo, escuchas telefónicas, documentos que la Policía se llevó del despacho de Renedo y las conclusiones de los peritos caligráficos. Considera que Renedo inició su supuesta carrera delictiva en el año 2001 y habría logrado beneficiarse «en correlativo perjuicio de las arcas públicas» de 1,9 millones gracias a las maquinaciones desarrolladas en tres consejerías distintas. El letrado reclama que declaren en el juicio en calidad de testigos quienes fueron sus superiores en los departamentos, entre los que señala a la exconsejera Ana Rosa Migoya y los exdirectores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto.

Avall plantea una condena de 33 años para la exdirectora general María Jesús Otero, además del pago de 4,3 millones en concepto de multa. Su escrito señala que de los delitos de la exresponsable de Educación son civilmente responsables también los familiares que se beneficiaron de ellos. El tercero para el que se pide una condena mayor es el exconsejero Iglesias Riopedre, con 30 años, 4,3 millones de multa e inhabilitación por 42 años.

A la espera de que resuelva la Audiencia, los escritos establecen dos categorías de acusados. De un lado quedaría un núcleo principal, formado por los primeros implicados, y luego seis trabajadores de la Universidad, los ayuntamientos de Oviedo, Avilés y Mieres, procesados todos por cohecho, uno de ellos por aceptar supuestos regalos por valor de 2.628 euros. Éstos sólo son señalados por la acusación popular y acaban de recurrir que se les deje al margen del caso, basándose para ello en la 'doctrina Botín'. Ahora la Audiencia deberá resolver sus súplicas y dar plazos a las defensas para que rebatan las calificaciones de las acusaciones.