El Tribunal de Cuentas divide en 12 piezas el 'caso Renedo' para analizarlo más rápido

Hace cinco años desde que una gijonesa interpuso la denuncia que despertó el 'caso Renedo', investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Principado. En estos momentos el asunto se depura en la vía penal, donde fiscalía y acusaciones han presentado sus escritos de calificación y se continúa el procedimiento que debe desembocar en el juicio. También está abierto un segundo proceso, en el Tribunal de Cuentas, cuyo objetivo es lograr que se reintegre a las arcas autonómicas el dinero que fue defraudado.

El organismo fiscalizador, con sede en Madrid, activó una acción pública sobre el asunto después de que el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, le remitiera las conclusiones y documentación recopilada durante la celebración de la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Renedo', organismo del que fue presidente. El dictamen de la comisión instaba al Principado a acudir al Tribunal de Cuentas y solicitar el inicio de un procedimiento de alcance, gestión que debe concluir estableciendo cuánto dinero público fue desviado y quién debe reponerlo. El Ejecutivo regional sin embargo se negó a dar este paso considerando que no cabía apelar a Cuentas hasta que no existiera una sentencia en el ámbito penal.

Disconforme con esa respuesta, Prendes acudió el pasado mes de mayo al Tribunal. Tras analizar la documentación, la ponente designada para hacer un primer chequeo -la exministra Margarita Mariscal de Gante- estimó que había materia suficiente para abrir una investigación contable sobre el asunto. Su decisión fue ratificada por el plenario y después se designó a una delegada instructora.

A principios de mes la instructora solicitó desglosar el asunto en doce piezas distintas «vistas las circunstancias de especial complejidad y heterogeneidad» de la documentación. La investigadora del Tribunal de Cuentas se enfrenta a 199 contratos y 2 expedientes de subvenciones. «A fin de conseguir una mayor celeridad en la instrucción», la instructora ha procedido a separarlos en función de la consejería, la empresa y el volumen de dineros públicos supuestamente defraudados.

«Hay que llegar al fondo»

«Se lo está tomando con interés y eso es bueno porque aquí hay que llegar hasta el fondo del asunto», considera Prendes, tras ser informado de la iniciativa. El diputado argumenta que la gestión que inició ante el Tribunal de Cuentas «está superando todos los filtros, todos los que han visto el tema entienden que hay materia para el procedimiento de alcance, algo que expresamente aquí negaron el presidente del Principado y el PSOE».

Prendes confía en que el organismo fiscalizador logre reintegrar los fondos, algo que «debía ser la primera prioridad de todo gobernante y en vez de lo cual, en Asturias, nos hemos encontrado a un partido socialista que, antes con Vicente Álvarez Areces y ahora con Javier Fernández, se ha dedicado a cargar contra una funcionaria y mirar para otro lado en lo demás».

Las piezas separadas revisan expedientes de las consejerías de Administraciones Públicas, Cultura, Asuntos Sociales y Educación, y cubren un espacio cercano a la década. La comisión de investigación sospechó en su día que «parte de los contratos son por productos que nunca se entregaron y otros creemos que son falsos», recuerda Prendes.