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Iglesias Riopedre, a la derecha, con su abogado Sergio Herrero.
El Principado se suma al fiscal y solicita diez años y seis meses de cárcel para Riopedre

El Principado se suma al fiscal y solicita diez años y seis meses de cárcel para Riopedre

La administración reprocha a su exalto cargo la comisión de cuatro delitos, uno más que Renedo. Para Otero pide 11 años y medio

Ramón Muñiz

Martes, 27 de enero 2015, 03:34

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No habrá trato especial. El Principado presentó ante la Audiencia Provincial un escrito de calificación que perjudica a José Luis Iglesias Riopedre y su familia. La Administración regional reclama que quien fue su consejero de Educación entre los años 2003 y 2010 sea condenado a pasar una década y seis meses de prisión. Los servicios jurídicos dan por hecho que el veterano político aprovechó su cargo para cometer los delitos continuados de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y cohecho, todos ellos procurando el beneficio de su hijo, su mano derecha María Jesús Otero y los empresarios que le eran afines. Iglesias Riopedre, de 75 años, está en libertad bajo fianza y el viernes recibió el alta hospitalaria, tras permanecer cuatro días ingresado por un trastorno respiratorio.

En el apartado económico, el Principado reclama a su exalto cargo el abono de una multa de 400.000 euros en concepto de responsabilidad personal por el cohecho continuado. A su hijo, Ernesto Iglesias, le solicita 366.507,57 euros por la responsabilidad que le atribuye «a título lucrativo». En su escrito de calificación, los servicios jurídicos de la administración advierten de que en caso de condena, el exconsejero, su 'número 2' María Jesús Otero, y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Muñiz, deberán además indemnizar a las arcas regionales «en el importe de los perjuicios causados», cuya cuantía vendría fijada en la propia sentencia.

En sus conclusiones provisionales el Principado dibuja la mecánica delictiva que habría operado en Educación. Según su lectura, Otero tenía las competencias de contratación «con todos los requisitos que conlleva». «Ha resultado acreditado que ésta, con la aquiescencia y el conocimiento del consejero de Educación, favorecieron la adjudicación de los contratos a varias entidades, en las que era administrador o tenían participación el procesado Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez». Para dar apariencia de legalidad los dos empresarios «tenían participación o controlaban varias empresas», señala el Principado.

«Expedientes ficticios»

La Administración regional sostiene que para sufragar un trabajo geotécnico a desarrollar en el IES de Infiesto «los procesados María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre decidieron fragmentar o dividir el importe total en tres contratos para los que se elaboraron tres expedientes ficticios para obras inexistentes». Las tres resoluciones fueron firmadas por el exconsejero por un importe global de 221.213,93 euros y «quedó pactado que la empresa adjudicataria se comprometía a contratar las obras geotécnicas con la empresa Geogal, propiedad del hijo y esposa del consejero».

El escrito de calificación señala que Iglesias Riopedre dictó en tres años al menos 16 resoluciones que permitieron que Igrafo y APSA se hicieran con 1,4 millones de la consejería a cambio de materiales que o no se entregaron, o eran de calidades inferiores a las contratadas.

En lo sustancial, el escrito reproduce la petición de penas que previamente formuló la fiscalía. Administración regional y Ministerio Público mantienen así una lectura casi idéntica sobre el 'caso Renedo', operación que trata de aclarar una presunta trama de corrupción que anidó en el Principado. Las dos partes sostienen que los implicados son siete, solicitan para cada uno de ellos las mismas penas de prisión, y sólo difieren en cuestiones de detalle. La fiscal, por ejemplo, responsabilizaba a Iglesias Riopedre de un delito de cohecho que el Principado no encuentra.

Matices al margen, ambas partes ven más grave la conducta de Riopedre que la de la funcionaria cuyas supuestas irregularidades propiciaron la investigación. Para Marta Renedo, fiscal y Principado, piden una condena de 10 años y multa de 480.000 euros. La administración regional le reclama además una indemnización de 1,6 millones, y le solicita otra adicional de 258.000 euros a repartir con el empresario Maximino Fernández. El Principado reprocha a Renedo los delitos continuados de cohecho, falsificación de documento oficial y malversación, es decir, un ilícito menos que al exconsejero.

La peor parada sin embargo es Otero Rebollada, para quien se piden once años y medio de privación de libertad, 2,5 millones de multa y la indemnización que fije la Audiencia Provincial en la sentencia.

La coincidencia entre fiscalía y Principado se da incluso al proponer para el empresario Víctor Muñiz una multa de 1,5 millones, frente a los 1,9 que se plantean para Alfonso Carlos Sánchez. Los dos están procesados por hechos similares y para ambos se plantean una condena de nueve años de cárcel.

La petición más leve de las que formula el Principado es al empresario Antonio Azorín, para quien propone tres años y multa de 2.400 euros.

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