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CH. TUYA
Viernes, 6 de marzo 2015, 00:27
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«Lo que más rechazamos de esta ley es su calculada ambigüedad, que solo favorece a las empresas con afán de lucro y ánimo depredador». Gaspar Llamazares arremetió ayer con dureza contra la reforma de la Ley de Servicios Sociales que el Principado llevará para su aprobación en la Junta en el último pleno de la legislatura.
Tan poco le gusta al candidato de IU el texto aprobado in extremis ayer por el Gobierno regional que anunció que «la primera medida social del nuevo Gobierno será eliminar todo rastro privatizador de la norma». Aseguró que el nuevo Parlamento debe abrirse «con una sesión monográfica sobre los servicios sociales», cita en la que, explicó, «la voz la lleven las entidades sociales», a las que «este Ejecutivo ha agredido».
La posición de la coalición, contraria a la reforma, ya la había adelantado la diputada Noemí Martín en EL COMERCIO. Ella aseguró que «la aprobaremos con la nariz tapada», ya que entiende que es un texto «que salva en parte a las entidades sociales», pero no es el que, realmente, las blinda. De hecho, no evitará que las rutas de transporte ni los pisos tutelados para personas con discapacidad acaben en manos privadas.
Una opinión que comparten las entidades del tercer sector, pero no todas. El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo público ayer un comunicado en el que deja claro que apoya el nuevo texto, que califica de «indispensable», por lo que solicita «el apoyo unánime de los grupos parlamentarios para su aprobación definitiva en la Junta».
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