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Chelo Tuya
Jueves, 12 de marzo 2015, 00:38
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Diez rutas han quedado desiertas y cuatro siguen pendientes de resolución. Cuatro meses después de sacar a concurso veinte rutas de transporte para centros de discapacidad, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda solo ha logrado adjudicar seis de ellas. Únicamente los centros de apoyo a la integración (CAI) gestionados por la Fundación Vinjoy, la Fundación Don Orione, los públicos Naranco y Cabueñes, así como los de Ascivitas y Down Oviedo tienen ya nuevo explotador. Serán Transportes Gerardo, Luis Suárez Borbolla, Transportes Bimenes, la UTE de Gerardo y Pablo Álvarez, Autos Corias y Ribelbus quienes cubran unas rutas operadas hasta ahora y en la mayoría de los casos, por empresas sin ánimo de lucro.
Las mismas que llevan meses dando la batalla contra un concurso que consideran «un engaño», ya que Bienestar se había comprometido con las entidades sociales a que, las que quisieran mantener su propio transporte, podrían seguir con él. La sorpresa fue encontrarse con que, sin previo aviso y pese a que muchas de ellas habían dejado claro que querían continuar con sus propios transportes, el Principado decidía privatizarlas todas. En algunos casos, hasta pagando ocho veces más de lo que paga en la actualidad por un servicio limitado, exclusivamente, al traslado del domicilio al CAI.
Eso llevó a la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, integrada por las siete ONG que copan la mayoría de las plazas de vivienda y CAI de discapacidad, y a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps), que aglutina a veinte entidades y supera los 6.000 usuarios, a buscar el apoyo de la Junta General para mantener un servicio que consideran «clave» para los usuarios. Lo dicen porque las ONG utilizan sus furgonetas y autobuses para hacer salidas diarias a centros deportivos, culturales y sociales y excursiones en fines de semana.
Curiosamente, las más beligerantes -Sanatorio Marítimo, Una Ciudad para Todos, Rey Pelayo, Rey Aurelio, Fraternidad y Ascivitas- han visto cómo sus rutas quedaban desiertas. Todas siguen a la espera de que Bienestar les convoque a una reunión con Fomento.
Fasad, también en conflicto
Además de con las ONG, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda tiene otros frentes abiertos. Hoy el comité de empresa del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), que gestiona la red pública geriátrica, celebra una reunión para decidir qué hacer contra las nuevas 15 privatizaciones anunciadas por el gerente. Por si fuera poco, a las 11 horas, el comité de empresa de la Fundación de Atención a la Discapacidad (Fasad) llevará a la consejería las firmas recogidas para mejorar la situación de los 150 empleados.
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