El Principado insta a Fomento a invertir 7.080 millones más en obras hasta 2030

El Principado solicitará al Ministerio de Fomento que invierta 7.080 millones en nuevas carreteras y ferrocarriles hasta 2030. Para convencer al equipo de Ana Pastor, la administración regional elaboró el Plan de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA) 2015-2030, documento que fija los costes y beneficios de cada obra. El resultado final son dos listas. Las que corresponde financiar al Principado precisan de un desembolso anual de 56,52 millones. Las que se reclaman al ministerio demandan un impulso de 472 millones cada 12 meses. Por cada euro que licite la administración autonómica la central deberá poner 8,3.

La consejera Belén Fernández defiende que el PIMA es «realista y ambicioso». Los constructores y la oposición lo tachan de brindis al sol. El volumen de inversión propuesto está lejos de la actualidad. El presupuesto regional en vigor apenas tiene 12 millones para financiar la construcción de nuevas carreteras, esto es, casi un quinto de lo que marca el plan.

En lo tocante al ministerio, no ha licitado en Asturias más de 310 millones desde 2010. Para situarse al nivel que le demanda el PIMA, el Grupo Fomento -el ministerio y sus empresas- debería sextuplicar su actual ritmo de contratación. Es un anhelo improbable que equivaldría a concentrar en Asturias el 16,9% del gasto que el Gobierno de Mariano Rajoy hace en infraestructuras para todo el país. En los últimos cinco años solo Galicia ha absorbido una cuota tan prominente.

Los deseos del PIMA son difíciles de abordar ahora, pero no imposibles. De hecho, la inversión ejecutada en Asturias por el Grupo Fomento alcanzó los 4.977,64 millones entre enero de 2004 y noviembre de 2013. Es decir, las certificaciones de obra se liquidaban a un ritmo de 478,9 millones al año. Vista desde esta perspectiva, el plan regional no hace sino proponerle al ministerio que vuelva a dedicar al Principado tanto como cuando España vivía la bonanza y Fomento era capaz de sostener a la vez las obras de la variante de Pajares, la autovía del Cantábrico, la ampliación de El Musel y la prolongación de Oviedo-La Espina.

¿Qué supuestas urgencias son las que en los próximos 15 años podrían arrastrar una inversión equivalente a la de la época dorada de la obra civil asturiana? La cartera que el PIMA reclama al ministerio consta de 13 actuaciones viarias y cinco ferroviarias. Es una relación de precios y rentabilidades muy variadas.

El asunto más exigente es el denominado «corredor Cantábrico ferroviario», idea intermedia entre el AVE del Cantábrico que propuso el Gobierno de José María Aznar (y que la propia Pastor incluye en su programación a 2024) y el denominado 'miniAVE' que opuso José Blanco. Ahora el propósito pasa por rectificar el trazado de la extinta Feve y mudar sus vías por las de ancho internacional. El tren así resultante alcanzaría velocidades máximas de 120 kilómetros por hora.

El doble de mercancías

La iniciativa exige de 3.368,5 millones de euros en los tramos que discurren dentro del Principado. El corredor ferroviario acapararía pues el 47,6% de todo el gasto que se demanda al Estado en el lapso 2015-2030. Es mucho, pero tambien inferior a los 8.140 millones en que se estima el AVE del Cantábrico. Eso sí, los precios aquí expuestos son para las obras en suelo asturiano y la línea solo tiene sentido si le da continuidad en el resto de comunidades cantábricas.

Los técnicos calculan que de salir adelante, el viaje a Santander desde Oviedo, que ahora consume unas 4 horas y 41 minutos en los trenes de ancho métrico, quedaría reducido 2 horas y 10 minutos. El documento no precisa el tiempo desde Gijón, que sería de unos minutos más. El estudio cree que los trenes moverían por la cornisa el doble de mercancías que ahora. Señalan para ello que el 20% de todos los productos que entran y salen de los puertos españoles pasan por este litoral.

En el capítulo ferroviario, el plan apuesta por solucionar la línea de alta velocidad de Lena a Gijón con 1.604 millones aunque admite un 'plan B' que deja el asunto en los 712 millones. Reformar la red regional de manera que por ella puedan circular convoyes de mercancías más largos (de 750 metros) requiere otros 373 millones y conseguir que el AVE entre en Avilés 155 más. Llevar el metrotrén a Cabueñes y abrirlo, como propone el documento, necesita de un mínimo de 275 millones. El ministerio puede acoger o no las ideas, pero la competencia ferroviaria la gestiona en exclusiva. No ocurre lo mismo con las carreteras, donde el PIMA plantea mejoras en vías de titularidad autonómica, pero proponiendo que sea el Gobierno central quien lo pague.

Por encima del límite

Ocurre por ejemplo con la autovía demandada de La Espina a Cangas del Narcea. La factura se estima en los 390,8 millones, a razón de 9,3 cada kilómetro de obra. Cabe recordar que desde 2010 una orden ministerial señala que salvo causa excepcional, ninguna autovía interurbana debe tener un coste que exceda los 8,5 millones por kilómetro. El PIMA requiere completar la autovía con la mejora de la AS-15 hasta el límite provincial, empeño que agrega 143,7 millones al monto.

La combinación de trabajos rebajaría el viaje Cangas-Oviedo de los 76 minutos actuales a 64, mientras Cangas-Ponferrada se libraría en 101 minutos en lugar de los 111 actuales. Según los estudios del Principado, los avances impulsarían el tráfico desde los 5.400 vehículos diarios que tiene ahora en sus tramos más usados, hasta los 7.000. Es una frecuencia muy baja para un proyecto de doble calzada. Si a cada usuario se le reclamara un peaje de 1 euro cada vez que pasa por el lugar, harían falta 209 años para financiar la actuación.

Convertir en autovía La Espina-Canero, otra de las obras reclamadas, necesita casi 193 millones y daría servicio a 4.601 vehículos al día. El túnel de El Fitu, en el Oriente, requiere 115 millones y su tráfico estimado es de 3.864 circulaciones diarias.

El PIMA está ahora abierto a alegaciones de cualquier ciudadano o administración. Queda por ver si el ministerio opta por manifestar objeciones. A inicios de 2014, Fomento puso a información pública su propio plan de Infraestructuras y apenas suscitó 303 alegaciones en España. La única enviada desde Asturias la suscribió, precisamente, el Ejecutivo.