El Comercio

Eliminar Religión en segundo de Bachillerato «es ilegal», dicen los docentes

  • Advierten a la consejería de que «denunciarán» si lleva adelante su plan

La plataforma asturiana Religión en la Escuela -que agrupa al 95% del profesorado de esta materia- advirtió ayer a la Consejería de Educación de que «eliminar la asignatura en segundo de Bachillerato va contra la legislación vigente y lo sabe». Tal y como adelantó EL COMERCIO, el segundo borrador del currículo que ha presentado el Gobierno regional a los centros elimina Religión del segundo curso de la etapa. Los docentes aseguran que hacerla desaparecer «es ilegal» porque el cuerpo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) recoge Religión entre las materias específicas (optativas) que deben ofertarse y el Principado no lo hace.

Afirman que, en contra de lo que ha transmitido a los directores de los centros, este modelo no se asemeja al de otras comunidades. «Lo que se ha hecho en otras autonomías es acumular las horas de segundo en primero de Bachillerato y con el acuerdo entre las partes implicadas». De hecho, detallan, este modelo ya seguía con la LOGSE en la región y estaba consensuado.

Al mismo tiempo, acusan al departamento de Ana González de ofertarla «de manera engañosa». En el primer curso, Religión aparece en el listado de materias específicas. Entre éstas y las de libre configuración, el alumno debe elegir un total de tres para sumar siete horas semanales. El horario de las específicas es de cuatro y tres horas, salvo Religión, que cuenta con una hora a la semana, equiparándose así a las de libre configuración (Asturiano, Proyecto de Investigación I y una materia propuesta por el centro). Además de criticar «el sesgo» frente a otras específicas, alertan de que «tal y como está organizado el currículo, basta con que un alumno escoja una asignatura de cuatro horas para que, por sistema, ya no pueda cursar Religión». Y si escoge dos de tres horas, compite con tres asignaturas de libre configuración más. Consideran que, con este planteamiento, «lo único que persigue es su extinción» y advierten de que de llevarse adelante «lo denunciarán», ya que calculan que afectará laboralmente a todo el profesorado.