La Defensora del Pueblo justifica grabar a los menores en Sograndio «para más seguridad»

El 10 de junio de 2013, sin aviso previo, se presentaron en el centro de internamiento juvenil de Sograndio tres técnicos de la Defensora del Pueblo. Llegaban después de conocer que en el Juzgado de Menores se había archivado la denuncia de un menor, que achacaba malos tratos a un trabajador del centro.

Durante tres días, los técnicos recorrieron el dispositivo, el único de Asturias para menores con condena por delito. Hablaron con internos, trabajadores y directivos. No detectaron malos tratos, pero sí olores fecales y falta de ventanas en las celdas de aislamiento. Unos dispositivos que, a juicio de los técnicos, Sograndio utiliza «en exceso».

Entre sus recomendaciones, además de solventar los problemas de las habitaciones y limitar su utilización, figura «aumentar el sistema de videovigilancia». Argumenta la Defensora del Pueblo que las cámaras «incrementan la seguridad». Tanto la de los internos como la de los trabajadores. Permiten saber si existen malos tratos. O falsas denuncias.

Esas son las principales conclusiones del informe de 2013 realizado por la Defensora del Pueblo, dentro de las atribuciones que la institución que preside Soledad Becerril tiene como 'Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', conocido por las siglas MNP. Con esa encomienda, debe supervisar los centros de privación de libertad y, en 2013, incluyó en su control al dispositivo asturiano.

Unas conclusiones que, en el apartado de videovigilancia, respalda la decisión del Principado de grabar a los menores cuando están en las cuatro celdas de aislamiento de Sograndio.

Doble denuncia

Taly como adelantó EL COMERCIO, la medida fue puesta en marcha en enero pasado y ha contado con el rechazo de la Asociación de Vigilantes Privados de Seguridad (Avispa). La entidad ha presentado una denuncia ante el Fiscal de Menores, así como otra ante la Agencia de Protección de Datos.

Entienden los vigilantes que «se incumplen las leyes del menor y de protección de datos», una posición en la que encontraron el respaldo de los grupos de Foro e IU, que han pedido explicaciones al Gobierno regional.

Unas explicaciones que ofreció anteayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien aseguró que «todas las cámaras tienen cobertura legal», ya que fueron instaladas a «instancias de la Defensora del Pueblo». Desde el equipo de Becerril respaldaron ayer esa apreciación, argumentada en las conclusiones del informe 2013.

El documento refleja también quejas sobre el mal estado de las celdas de aislamiento y el excesivo uso de las mismas. Desde Avispa se explica que el Principado solo ha procedido a instalar las cámaras de vigilancia, pero que en las celdas sigue sin haber sistema sonoro de llamada ni apertura mecánica de puertas. Respecto al exceso de castigos, «todos los días hay alguien en aislamiento. Solo la semana pasada, cinco». Todos grabados.