El Comercio

La legislatura «más nefasta» para la concertada

De izquierda a derecha, Adolfo Congil, de USO; Julia Jardón, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza; Carlos Robla, de Escuelas Católicas; Sandra Ruiz, de los padres de la Concapa, y Juan Luis Barrera y Jesús Llavona, de las organizaciones sindicales Otecas y FSI, respectivamente.

De izquierda a derecha, Adolfo Congil, de USO; Julia Jardón, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza; Carlos Robla, de Escuelas Católicas; Sandra Ruiz, de los padres de la Concapa, y Juan Luis Barrera y Jesús Llavona, de las organizaciones sindicales Otecas y FSI, respectivamente. / MARIO ROJAS

  • Sindicatos, patronal y padres exoneran a la consejera y responsabilizan al PSOE

  • En un manifiesto firmado por seis organizaciones, piden el fin del maltrato a una red educativa que «es complementaria, nunca subsidiaria»

Ayer todas las voces de la enseñanza concertada -sindicatos, patronal y padres de alumnos- tenían un solo clamor: que el próximo Gobierno asturiano «abra un proceso de diálogo y negociación que ponga fin al maltrato sufrido durante la última legislatura». Ese último punto de un manifiesto que firman conjuntamente la Confederación Española de Centros de Enseñanza, las Escuelas Católicas, las asociaciones de padres de la Concapa y las organizaciones sindicales USO, Otecas y FSI, no es más que el compendio de una serie de «incumplimientos», ausencia de «compromisos», «exclusiones» y «carencia de derechos constitucionales», que en el mandato de Javier Fernández se han acrecentado.

«Esta última legislatura ha sido muy negativa para la concertada. Ha sido la más nefasta desde que Asturias recibió las competencias en educación», afirmó, rotundo, el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Asturias. «Y eso a pesar de que ha sido de tres años, la más corta», ironizó Carlos Robla, quien, sin embargo, no quiso personalizar en la consejera de Educación el «maltrato» sufrido. «No creo que sea un problema de talante. Lo fácil sería echarle la culpa a una persona en concreto, pero es que esa persona ha de responder ante un gobierno y ese gobierno, ante un partido. La responsabilidad es de este gobierno, no de una persona concreta».

La presidenta de la Concapa cifró en 30.000 el número de alumnos matriculados en los centros concertados y defendió, una vez más, su derecho constitucional a «que se respete su decisión y a que los medios que se destinen a su educación sean los mismos que los de quienes se escolarizan en un centro público». Sandra Ruz aseguró en la lectura del manifiesto que «en Asturias no se garantiza realmente el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos», palabras que, posteriormente, apostilló el secretario de Acción Sindical de Otecas al cuantificar la ratio de Infantil y Primaria en la concertada en 25 niños. Juan Luis Barrera añadió que la tasa de reposición de la plantilla no se cumple: «Menos de lo que tenemos, un profesor por unidad, no se puede tener, porque entonces dejaríamos de funcionar. Es una situación insostenible si no acabamos con la discriminación».

«No está de moda»

Más beligerante fue Adolfo Congil, quien no señaló con el dedo a nadie, pero no tuvo reparos en declarar que «esto es una cuestión política. La concertada no está de moda, para algunos sectores no es políticamente correcto mandar a tus hijos a la concertada» señaló, visiblememte molesto, el secretario general de Enseñanza de USO, quien hizo hincapié en que «somos una red complementaria, nunca subsidiaria y la consejería siempre da prioridad a la pública».

Sandra Ruiz quiso corregir lo que llamó un «error de base» al afirmar que «a la concertada no van los niños ricos, van todos los que quieren ir y la Administración les deja».