El Comercio

Blanco afirma que el pago de los 120.000 euros que reclama el Cermi depende de Liberbank

  • La consejera de Bienestar Social asegura que el Principado solo actuó «como intermediario» en el convenio para aportar fondos a los colectivos de la discapacidad

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado (Cermi-Asturias) alertó el pasado martes de una situación que, según su presidenta, Mónica Oviedo, abocaba a la desaparición a varias de las asociaciones que lo integran: la falta de liquidez. ¿La razón? El retraso en la recepción de 120.000 euros correspondientes a las ayudas de 2014 para los programas de mantenimiento de servicios sociales especializados. Junto con la llamada de atención llegaba la reclamación de esta cantidad al Principado. Una petición de la que la consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, se desentendió ayer al asegurar que es a Cajastur -ahora Liberbank- a quien corresponde realizar dicho pago. Y añadió que su departamento lleva tiempo realizando gestiones tanto con el Cermi como con la entidad bancaria para solucionar este asunto.

Explicó la consejera que el Principado se limitó a actuar como «intermediario» de un convenio con Cajastur mediante el cual los colectivos de la discapacidad percibían de ésta una partida económica que servía para paliar el «recorte brutal» de fondos públicos que se les aplicó en 2013. Un convenio que, ese año, «funcionó» y con el que, en 2014, «se planteó continuar». Sin embargo, añadió Graciela Blanco, al desaparecer la Obra Social de Cajastur -al integrarse esta entidad en Liberbank-, «se nos comunicó que se iban a crear como fundación bancaria y que, en principio, tendría que capitalizarse, con lo que no se podrá firmar el convenio».

En 2014, los colectivos que integran el Cermi disponían de un total de 330.000 euros en ayudas, pero sólo ingresaron 210.000. Los 120.000 euros restantes son los que reclaman ahora para evitar que algunas de las asociaciones cierren o haya programas de atención a la discapacidad que dejen de ser prestados. Sobre la nueva fundación bancaria, la consejera manifestó su deseo de que «una vez tengan beneficios para repartir, sigan teniendo en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con lo social, como las entidades que trabajan con la discapacidad».

También respondió ayer Graciela Blanco a otras críticas. Las planteadas horas antes por Foro sobre el incremento de expedientes de la Ley de la Dependencia que se encuentran «atascados» en Asturias: 4.000, según apuntó la diputada Esther Landa. «Casi 800 más de los que había en el mes de enero», añadió. Las cifras fueron desmentidas por la titular de la Consejería de Bienestar Social, que aseguró que Landa confunde los datos de las personas que solicitan esta ayuda con las que tienen reconocido el derecho de percibirla. Lo que sí asumió Blanco fue que, en la actualidad, «hay unos 1.100 expedientes que tienen reconocido el derecho y están pendientes de una prestación». En concreto, 1.162, tal y como publicó el pasado lunes EL COMERCIO haciéndose eco de las cifras del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Unos datos que señalan también que la lista de espera para recibir esta ayuda creció un 13% en un mes, de abril a mayo.

«En peligro de extinción»

«Que la Ley de la Dependencia haya perdido más de 400 beneficiarios en lo que va de año evidencia el absoluto fracaso en la gestión del gobierno socialista», criticó Esther Landa. «La reducción en la financiación, los recortes en servicios, en prestaciones económicas o el endurecimiento de las valoraciones son claros ejemplos de medidas que, unidas a una nefasta gestión, han hecho que la ley se encuentre en serio peligro de extinción», zanjó.