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El jefe de Vigilancia de Recursos Naturales dice que el rescate del oso de Porley fue correcto

La defensa de los dos acusados de cazar al plantígrado con un lazo trató de desacreditar la actuación de los guardas rurales y el Seprona

M. M. C.

Jueves, 2 de julio 2015, 00:25

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El Juzgado de lo Penal número 2 de los de Oviedo albergó ayer la segunda de las tres jornadas previstas en el juicio por la muerte de un oso atrapado en un lazo metálico, en agosto de 2012, en la localidad de Porley (Cangas del Narcea). En la sesión de ayer, la defensa de los dos acusados trató de desacreditar la actuación en el operativo de rescate del plantígrado tanto de los guardas de medio natural como de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Y para ello, una de sus principales bazas fue la de la propietaria del bar del pueblo -al mismo tiempo esposa de uno de los encausados-, donde habrían comido algunos de los agentes implicados en el rescate. Según la declaración de la mujer, incluso alguno de los integrantes del operativo habría consumido alcohol antes de atender al oso.

Ese extremo fue completamente negado por el jefe del Servicio de Vigilancia de Recursos Naturales, Orencio Hernández, quien aseguró ante la jueza Elena González que el operativo desarrollado fue el adecuado para la situación. Eso sí, indicó que habían comido algo en el bar al tiempo que planificaban cómo rescatar al oso atrapado en el lazo metálico.

La declaración de Hernández estuvo en consonancia con las de los guardas de medio natural y del Seprona que declararon el pasado lunes, cuando ya se apuntó que habían esperado en el bar a la llegada del veterinario encargado de manipular el anestésico con el que dormir al plantígrado. Además, apuntaron que la planificación del operativo se completó en la zona donde tenían aparcados los coches, a las afueras de Porley.

Dos son los acusados por la muerte del oso: José Manuel A. A., guarda del coto de Cangas del Narcea, y Nazario R. F., natural de Porley. El fiscal pide para ambos dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante cuatro años. Además, solicita que de forma conjunta y solidaria abonen las costas procesales, paguen los gastos del operativo de la operación de rescate del oso e indemnicen al Principado con 18.000 euros por la muerte del animal.

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