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Suatea insta a los directores a denunciar a la Policía las facturas del 'caso Renedo'

Educación remitió los recibos de Igrafo y APSA a los centros solicitando que verifiquen si son correctos. El sindicato exige explicaciones

R. MUÑIZ

Sábado, 4 de julio 2015, 01:20

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A finales de junio, cuando ya habían pasado las elecciones regionales y a pocos días de las vacaciones escolares, la Consejería de Educación remitió centenares de facturas a los colegios e institutos. Se trata de recibos que el departamento abonó a las empresas Igrafo y APSA hace más de un lustro por obras y materiales que sospecha ni se hicieron ni entregaron. Al menos ese es el fraude del 'caso Renedo', una supuesta trama de corrupción que los tribunales investigan desde el año 2010 y de la que, por lo visto, todavía quedan aspectos por clarificar.

Los requerimientos enviados por Educación conceden siete días a los directores para que confirmen o nieguen la realidad de las obras y suministros; también solicita que aclaren si la firma y los sellos del centro que figuran en los documentos son auténticos. Al tener conocimiento de los hechos, el sindicato Suatea reaccionó enviando una carta a los responsables de los centros aconsejándoles una «minuciosa verificación y revisión de la documentación recibida». En caso de apreciar alguna falsificación de firmas o sellos, además de comunicarlo a la consejería, Suatea insta a los docentes a que formulen «la correspondiente denuncia de lo ocurrido en cualquiera de las dependencias oficiales competentes para su recepción (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Fiscalía o Juzgado de Guardia)».

La recomendación pretende salvar a los directores de las responsabilidades que les atribuye en la cuestión la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 262 de la norma establece que «los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de un delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción o, en su defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo si se tratara de un delito flagrante». Los ciudadanos que incumplen este precepto se arriesgan a ser multados por ello y en el caso de los funcionarios públicos la Ley prevé que la omisión tenga consecuencias disciplinarias.

Suatea lamentó ayer mediante un comunicado que la consejería facilite un teléfono de contacto a los directores para aclarar el asunto en el que «muchos centros no consiguieron que nadie respondiera». Según la web del Principado, el teléfono está adscrito a un funcionario al que la Junta General reprobó por su intervención en el 'caso Renedo'.

El sindicato anunció ayer que exigiría aclaraciones a la consejería «sobre las implicaciones» de la iniciativa. Educación por su parte lleva tres días declinando las peticiones de este periódico para ofrecer su versión.

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