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El Principado se enroca y confía en legalizar de nuevo la incineradora en 4 meses

El Principado se enroca y confía en legalizar de nuevo la incineradora en 4 meses

Acusa al TSJA de guiarse por «consideraciones desacertadas» y admite que la sentencia afecta a obras esenciales. La oposición exige cambios

Ramón Muñiz

Miércoles, 8 de julio 2015, 00:19

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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de tumbar el Plan de Residuos, norma que daba cobertura legal a la incineradora. La sentencia, adelantada el lunes por ELCOMERCIO.es, considera que la Consejería de Medio Ambiente incurrió en errores de bulto que invalidan el documento. Tras analizar el fallo, el Ejecutivo en funciones hizo ayer de abogado de sí mismo, defendiendo la legalidad de sus actos y reprochando a los magistrados que hayan asumido argumentos que «se basan en una serie de consideraciones que se estiman desacertadas». La oposición en pleno replicó que el tercer varapalo judicial a la gestión socialista de los residuos exige un golpe de timón político en la cuestión.

El Principado admite que el fallo tiene graves repercusiones, pues «puede afectar a instalaciones actualmente en tramitación, imprescindibles para la gestión de residuos a corto y medio plazo, como la ampliación del vertedero». El basurero central alcanzará su cota máxima autorizada a finales de este año o principios del próximo, motivo por el cual el Consorcio de gestión de Residuos (Cogersa) estaba tramitando su ampliación. Sin un Plan de Residuos en vigor, esas gestiones son ilegales.

La crisis es grave, si bien la Consejería de Medio Ambiente comunicó su propósito de restaurar la legalidad del Plan de Residuos en un tiempo que «rondaría los cuatro meses». El cálculo se basa en una interpretación de la sentencia según la cual, en realidad, el error a reparar es de escasa entidad. Es más, el Principado advierte de que el fallo «no declara nulo el Plan de Residuos» y sólo se limita a advertir «de la existencia de un defecto puntual». La deficiencia se arreglaría «con una nueva información pública previa a la aprobación del plan».

Se trata de una lectura de mínimos de la sentencia. El fallo, efectivamente, no revoca el plan, sino que tumba el acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2014 que convirtió el documento en una norma de obligado cumplimiento. «La sentencia no anula ninguna de las 239 medidas propuestas en el plan, ni cuestiona ninguna de las 12 instalaciones que contempla para el tratamiento integral de los residuos en Asturias», reivindica el Principado.

Cambio sin consulta

¿Dónde quedaría el problema? El TSJA considera que la consejería sometió a información pública un borrador inicial que proponía que todas las bolsas negras que arrojan los asturianos pasaran, antes que nada, por una planta de basura bruta. En esta instalación decenas de operarios abrirían las bolsas para 'rescatar' los papeles, vidrios, plásticos y restos de comida susceptible de reciclar.

Aquel borrador suscitó 434 alegaciones, todo un récord. La mayoría fue desestimada por la consejería, que reelaboró una versión definitiva del plan. Ese es el documento que aprobó el Consejo de Gobierno y en él desapareció la planta de basura bruta. El TSJA considera que sacrificar la instalación de cribado es tanto como renunciar a «una de las prioridades perseguidas para mejorar el medio ambiente, como es el reciclaje y el tratamiento de los residuos domésticos, para someter todos los residuos de la bolsa negra a la incineración». Una decisión así debía haber sido sometida de nuevo a información pública pues «supone una modificación esencial».

El Principado se acoge a este último extremo para considerar que con volver a exponer el documento a consulta pública soluciona el problema. Además sostiene que si eliminó la planta fue porque «particulares y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (Llanera y Oviedo) presentaron alegaciones cuestionando dicha planta, aduciendo su bajo rendimiento ambiental (la recuperación estimada en sólo un 7,5% de materiales tratados en la misma) en contraprestación con su elevado coste económico (32 millones)». La aprobación de la instalación iba además a encarecer un 23% el coste de cada tonelada tratada en el consorcio.

Los magistrados reprochan que la retirada de la planta se hizo a petición de Cogersa, una vez cerrado el plazo de alegaciones, motivo por el cual no debía haberse considerado. En su comunicado, la consejería responde así: «Lo cierto es que existen tres alegaciones que solicitan la no ejecución de la planta, presentadas durante la información pública, y fue en consideración a las mismas que el Principado adoptó la decisión».

El propio Plan de Residuos cuestiona esa afirmación. Su Memoria Ambiental definitiva indica que efectivamente la información pública se organizó en febrero de 2013 y que casi un año después, en enero de 2014, Cogersa acordó «no acometer la planta de clasificación de basura bruta». La memoria indica que «este acuerdo ha sido asumido por la Consejería de Medio Ambiente» y «en atención a lo expuesto, se ha elaborado una nueva propuesta de plan».

La lectura política de la oposición es menos benévola. Podemos Asturies por ejemplo estima «imprescindible» aprovechar la ocasión para «elaborar un nuevo plan» que abandone «definitivamente la opción de la incineración». La combustión de los desperdicios «no sólo es dañina para el medio ambiente, sino también para la salud y para la economía». La alternativa que apoya la formación morada es la de «una planta de reciclaje».

El PP, el más crítico

Luis Venta, del PP, fue el más duro, al arremeter contra la «irresponsabilidad» y los «engaños» del Gobierno socialista. A su entender, el auto demuestra que la actuación del Ejecutivo supuso «un atropello aderezado con mentiras y engaños» porque «ni respetan ni quieren oír a los ciudadanos», a los que «engañan al más puro estilo chavista».

«Ni uno sólo de los contratos que Cogersa firmó amparado en el Plan de Residuos tuvo el voto a favor de Gijón», recordó ayer el concejal gijonés Fernando Couto. Es el único representante de la Comisión de Gobierno del consorcio que sistemáticamente se opuso o abstuvo a los contratos «porque considerábamos que el Plan de Residuos iba a ser tumbado por los tribunales». Las adjudicaciones realizadas «van a costar dinero público, ya veremos cuánto», agregó. Cristina Coto, presidenta de su partido, Foro Asturias, abundó que «con tres sentencias concluyendo irregularidades en la tramitación del plan de residuos, la responsabilidad alcanza al presidente del Principado».

En IU fue el diputado Ovidio Zapico el encargado de reaccionar, solicitando a los socialistas que «cejen en su empeño de construir una macroincineradora y apuesten por una verdadera alternativa de reciclaje». Nicanor García, de Ciudadanos, lamentó lo que es «un desastre de tramitación» y dejó un último mensaje: «Alguien deberá asumir responsabilidades».

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