El plan de residuos nace desfasado

El Principado invita a los ciudadanos a subvertir la gramática. El 25 de septiembre publicó en su web el borrador del plan de residuos con el que pretende sacar a la región de la crisis que atraviesa en la materia. Durante un mes, los ciudadanos están llamados a leer el documento y formular las alegaciones que puedan mejorarlo. La Real Academia de la Lengua define un plan como «modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla». Lo curioso del caso es que el texto autonómico plantea, en cambio ,83 medidas para aplicar en el año 2014.

Partiendo de la base de que gran parte de las propuestas a los ciudadanos tienen en el texto como objetivo su aplicación el año pasado, lo que resulta totalmente incongruente, entre las iniciativas las hay que preguntan a los asturianos si les parece bien que se elabore un proyecto para ampliar el vertedero central o si consideran que habría que «elaborar un estudio sobre cómo optimizar la localización de contenedores para conseguir una mejora en la recogida adaptada» e iniciar, incluso, las obras pertinentes para reordenar estas ubicaciones. Con el desfase de fechas que presenta el borrador, se insta a la Consejería de Medio Ambiente a que consiga que cada centro de trabajo del sector público designe a un responsable de residuos.

Según el calendario de soluciones propuesto, el año pasado la administración debería haber iniciado un «estudio previo que analice los residuos industriales» que tengan poder calorífico interesante para alimentar una incineradora. El trabajo se acumula, pues también hay que «incorporar, si procede, en los diferentes niveles de la formación reglada, desde Educación Infantil a Bachillerato y enseñanza universitaria, contenidos específicos sobre residuos».

La lista de soluciones desfasadas amenaza con ampliarse. El mismo documento propone aprovechar el año en curso para iniciar el despliegue de otras 61 medidas distintas. A la consejería le quedan tantos trámites antes de aprobar definitivamente el plan que cuando lo consiga y se ponga a aplicarlo será ya el año 2016.

Los especialistas en Derecho Administrativo advierten de cómo el poder tiende a regular cada vez más aspectos de la vida. Los intentos de arreglar el pasado mediante planes son más desconocidos.

¿Cómo es posible que Medio Ambiente, en una materia en la que sabe que cualquier error jurídico se paga con una sentencia, proponga un documento incoherente? La respuesta obliga a rebobinar. El Principado inició en 2012 la redacción del documento, lo sometió a consulta pública en 2013 y lo aprobó en 2014. El pasado de julio el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) lo anuló al considerar que la versión sobre la que la ciudadanía pudo manifestarse fue muy distinta a la que finalmente resultó sancionada. La crisis es de envergadura. El vertedero central donde mueren las basuras sin reciclar agotará su capacidad a finales del año que viene. Sin un plan en vigor, no es posible incrementar su capacidad, con lo que Asturias debería exportar camiones cargados de basura a otras regiones.

Ochenta y un días después de conocer la sentencia y para salir del atolladero, la consejería ha optado por sacar de nuevo a información pública el mismo documento que maduró entre 2012 y 2014, sin modificar una sola coma. Ni siquiera cambió los años de aplicación de las diferentes fases. Solo añade un anexo que advierte de que todas las medidas planteadas para tratar la «fracción resto» (la basura sin reciclar) quedarán en suspenso hasta que, en unos meses, el Principado decida actualizar el documento.

La legislación que regula los procesos de alegaciones exigen que los ciudadanos se manifiesten antes de que las opciones estén cerradas. El documento socava ese requisito, es incoherente por las medidas que propone implantar en el pasado, pero también por la información errónea que divulga.

En su página 157, el texto advierte del «agotamiento del vertedero de residuos no peligrosos de Cogersa antes de 2016» y plantea medidas en consecuencia. La propia consejera, Belén Fernández, informó hace dos semanas de que en realidad hay capacidad para llegar «hasta finales del 2016». Como no ha sido actualizado, el borrador sigue basando todas sus soluciones en un estudio de lo sucedido con los residuos asturianos que concluye en el año 2011. Es decir, ignora toda la evolución posterior. El desfase provoca nuevos errores. El documento, por ejemplo, juzga que Asturias tiene suficientes instalaciones para reciclar los residuos de construcción y lo hace tras calibrar la capacidad de las plantas de Cogersa y Parque Verde, empresa esta última que hace tiempo que quebró.

103.000 toneladas de desfase

El volumen de desperdicios que arrojan los asturianos, que es la base de todo el esquema, varió también de manera notable. El borrador se queda con las 883.000 toneladas que Cogersa recibió en 2011, cifra que ha ido menguando desde entonces. Según la memoria que el consorcio acaba de publicar sobre 2014, sus instalaciones recibieron 103.000 toneladas menos.

El desfase entre la realidad y el borrador propuesto no es baladí. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados es la que regula cómo han de elaborarse los planes de gestión en la materia. La norma especifica que «los planes autonómicos de gestión contendrán un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos». En septiembre de 2015, ¿es «actualizado» hacer un análisis con datos de 2011? La respuesta es opinable, pero evidencia una debilidad jurídica de la estrategia de la consejería para salir del problema. Los precedentes no animan a confiar en que los jueces transijan con ella.

En 2011, una sentencia ya anuló los trámites iniciados para construir una incineradora; la consejería la había impulsado a sabiendas de que arrastraba la debilidad jurídica de carecer de un plan de residuos en vigor amparándolo. En el verano del 2013, el TSJA tumbó el plan urbanístico que autorizaba a Cogersa a duplicar su perímetro; la consejería sabía que había dejado sin atender una alegación, pero consideró que aquello era un defecto subsanable. Este verano dos sentencias anularon el plan de residuos.

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