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La Fiscalía alerta de una «oleada de robos en casas», con 135 asaltos el año pasado

La Fiscalía alerta de una «oleada de robos en casas», con 135 asaltos el año pasado

Esther Fernández señala que la «avalancha» de denuncias por corrupción iniciada en 2013 sigue al alza, con un 87% más de causas por prevaricación

Ramón Muñiz

Miércoles, 7 de octubre 2015, 00:14

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Para luchar contra los delincuentes que actúan en Asturias cada día se abren 152 nuevas causas, entre diligencias previas y de urgencia. Dentro de este maremágnum, la Fiscal Superior del Principado, Esther Fernández, identifica a la corrupción y los asaltos a las viviendas como tendencias al alza; a su análisis dedica parte de su memoria del año 2015, que elabora para dejar constancia de lo sucedido en el ejercicio precedente.

El 46,6% de los 55.504 delitos conocidos en el 2014 atentaban contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El volumen es quizás exagerado pues una parte de las denuncias que se presentaban por sustracciones «al final son extravíos». Dentro del delito puro y duro sí advierte de que «se ha producido, durante el año 2014, una verdadera oleada de robos en casa habitada», manifiesta.

Fueron 135 los asaltos, un 47% más que el año anterior. «Ha tenido mucha repercusión la desarticulación de una banda que se instaló en Gijón para robar en casas de toda Asturias, lo que, en principio, nos hizo pensar que este tipo de delito era cometido, generalmente, por bandas», explica Fernández. La hipótesis empero «no se pudo constatar, pues en la mayoría de los casos se trató de autores únicos».

Capítulo aparte merece lo sucedido con la corrupción. La fiscal superior recuerda que en 2012 las denuncias en la materia eran «puntuales», ligadas casi siempre a temas urbanísticos y medioambientales. «En 2013 recibimos una auténtica 'avalancha' de denuncias» y a lo largo del pasado curso «esta tendencia alcista se mantuvo, con la aparición de casos de tal relevancia mediática que han provocado una verdadera alarma en nuestra sociedad».

La fiscalía emprendió 550 diligencias de investigación propias, un 6,5% más que en 2013. La mitad de ellas respondían a denuncias directamente vinculadas con los delitos más propios de la corrupción y los daños del interés público, tal y como muestra el gráfico adjunto. La estrella en este capítulo es la prevaricación, con un 87% más de demandas que en 2013.

Las denuncias salpican todos los órdenes de la Administración Pública. A la hora de mencionar los casos más sonados de 2014, la Fiscalía reconoce haber investigado a la Universidad de Oviedo, dos sindicatos, un ayuntamiento, tres alcaldes, un exalcalde, un concejal; un ex consejero, un ex director general y una ex jefa de servicio del Principado, además de un técnico de la Confederación Hidrográfica.

Esther Fernández viene advirtiendo de la existencia de una bolsa de corrupción oculta, pero matiza que su investigación se está viendo dificultada, entre otros motivos, por el abuso que se hace de las denuncias. En 2014 «de todas las diligencias tramitadas, 578, un número muy elevado, 404, fueron archivadas por no revestir los hechos denunciados carácter de delito, por existir un procedimiento judicial abierto por los mismos hechos o por falta de competencia territorial», refleja en la memoria.

Casi el 70% de las denuncias acaban en la papelera por dos factores. De un lado la fiscal anota que «son frecuentes, sobre todo en época electoral, las denuncias cruzadas entre los distintos partidos políticos»; casi siempre los escritos son «de hechos genéricos y carentes de contenido penal». Este despliegue tiene «la intención de influir, de alguna manera, en el electorado», razona Fernández. Para mitigar este efecto, desde hace dos años la propia Fiscalía emite comunicados informando de las denuncias más sonadas que son archivadas.

Junto a esta jugarreta política, están floreciendo «los profesionales de la denuncia», personas o grupos que presentan «meras interpretaciones subjetivas y valoraciones personales de noticias de prensa efectuadas por personas que se erigen en defensoras de la ciudadanía o, simplemente, quejas sobre temas de su vida cotidiana». La memoria desvela que parte de estos denunciantes «exigen reiteradamente ser atendidos personalmente por el fiscal, con carácter inmediato», para discutir temas ya resueltos, derivando su insatisfacción en denuncias contra el fiscal de turno primero y contra su superior después.

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