El Principado pide un informe jurídico tras la detención del gerente de Alcor

«La empresa debe cumplir en los dos ámbitos: en el laboral y en el de los servicios de seguridad que presta en el Principado. Somos los máximos interesados». El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer que los servicios jurídicos de su departamento están analizando «qué podemos hacer o qué vamos a hacer» tras la detención en Galicia de Carlos S., el gerente de Alcor. Se trata de la empresa a la que el Principado adjudicó el año pasado la vigilancia del Centro de Menores de Sograndio, así como otras dependencias.

Blanqueo y delito fiscal

Tal y como ayer adelantó EL COMERCIO, la Policía Nacional detuvo este fin de semana al gerente de dicha empresa, dentro de una investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada. Un operativo que incluyó el arresto de la gerente de la empresa, así como del responsable en Canarias, según informa Europa Press.

Aunque existe secreto de sumario, se le acusa de presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y delitos contra la Seguridad Social. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte, en Lugo, dejó ayer en libertad con cargos al gerente. Carlos S. debe comparecer una vez al mes en el juzgado.

Esta situación ha llevado a la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) a reclamar «la rescisión inmediata de todos los contratos adjudicados por el Principado a esa empresa».

Módulo sin vigilancia

Lo ha hecho mediante una nota enviada tanto al consejero de Presidencia como al director general de Justicia e Interior. No se trata de la primera contra Alcor, ya que desde la adjudicación del contrato en diciembre pasado se han sucedido las denuncias por incumplimiento del convenio y mala actuación.

De hecho, aseguran los profesionales que, ahora, hay siete vigilantes de baja en Sograndio y que este fin de semana «el módulo terapéutico estuvo sin vigilancia». Al único interno de ese área se le impidió salir de la habitación.