62.404 edificios se exponen a multas de 10.000 euros por su calefacción central

Los sistemas de calefacción central tradicionales tienen sus días contados. Una directiva de la UE obliga a que cada vivienda tenga, antes del 1 de enero de 2017, contadores individualizados que midan su consumo de calefacción, agua caliente, y aire acondicionado. El Gobierno nacional madura un Real Decreto que especificará que «cuando el uso de contadores de consumo individuales no sea técnicamente viable, se deberán utilizar sistemas alternativos que permitan conocer el reparto de consumos». De momento lo que ya tiene aprobado es el régimen sancionador de esta reforma. El vecino que incumpla «la obligación» de poner los nuevos contadores cometerá una «infracción grave», castigado con «multas de entre 1.001 a 10.000 euros».

La reforma afectará especialmente a regiones como Asturias. «En el Sur la calefacción es más vista como un lujo que cada piso se paga en función de lo que quiera usarlo; aquí siempre se consideró que montar una sala de calderas para todos es más barato», explica Juan Carlos Bachiller, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Asturias. El Censo de Población y Viviendas, del Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra en 94.500 los edificios que en Asturias tienen uso residencial y calefacción central. Un trabajo del Ministerio de Fomento rebaja a 62.404 los que se construyeron antes del año 2007. «Todos esos tienen que adaptarse a la norma; los levantados en los últimos años suelen tener las instalaciones ya preparadas», expone Bachiller.

La directiva comunitaria busca que cada vecino pague por lo que realmente consume, en la esperanza de que ello facilite comportamientos más responsables. Sin embargo la adaptación que exige en los pisos supone en una primera fase una inversión considerable.

Quienes tengan las calefacciones centrales más antiguas serán los que afronten los mayores desembolsos. Su sistema funciona por columnas, de manera que la tubería que suministra el agua al radiador del salón, por ejemplo, la lleva luego al radiador del salón del piso superior. En estos casos lo primero que habrá que instalar es un 'repartidor de costes', un aparato que mide la temperatura de la habitación y la del propio calentador. El repartidor, junto a la válvula que permite regular la potencia del calefactor, tiene un coste de entre 30 y 40 euros para cada radiador, según cálculos del Colegio asturiano de Administradores de Fincas. «El inconveniente es que en estos edificios la bomba está dimensionada para funcionar con un caudal fijo; en el momento en que los vecinos pueden graduar la potencia de su vivienda, necesitas hacer una obra hidráulica para que el circuito te lo soporte», explica Bachiller. La bomba de velocidad variable, para un edificio de entre 30 y 50 viviendas, se cotiza entre 1.500 y 1.750 euros.

Los aparatos que dan la medida del consumo, como queda dicho, quedan instalados en cada piso, y emiten los datos al gestor por sistema de radio. «El coste de la medida es de 40 céntimos por radiador y vez, lo que al final se pone en unos 12 euros para una vivienda media», estima.

Menos costosa es la adaptación de las calefacciones centrales que funcionan por anillos. En este sistema una tubería suministra el agua a todos los radiadores de la vivienda y otra la extrae. «Ahí tienes que hacer una modificación hidráulica, para meter una sonda que te mida ambos caudales y la diferencia de temperatura que hay entre ellos», explica el especialista. El contador ofrece así una medida de consumo en kilovatios. El precio de un juego de contador y válvula se pone «entre los 250 y 300 euros por vivienda».

Los especialistas discrepan sobre la eficacia de estos desembolsos. «Todo depende de cómo se haga, pero si los intereses empresariales se meten de por medio, al final no habrá ahorros reales», teme Anselmo Gómez, presidente del colegio. «Habrá vecinos que paguen más y otros menos, pero a la larga el edificio consume menos, porque el vecino del primer piso que ahora tiene las ventanas abiertas, podrá regular la potencia en su casa», señala su vicepresidente.

El Consejo General de Administradores ha remitido recientemente una carta al Ministerio de Industria urgiendo a que apruebe la norma que determinará si existen excepciones para cumplir la directiva comunitaria. «Es increíble que todavía no lo hayan hecho; es un gasto importante y el Gobierno lo deja todo para el final, luego nos pedirán prisa», lamenta Anselmo Gómez.