El contrato de la incineradora sigue vivo con una «suspensión temporal» apoyada por IU

El pasado mes de julio una sentencia anuló el Plan de Residuos que ordenaba levantar una incineradora de basuras. El auto sorprendió a Cogersa justo cuando ya había encargado a un grupo de ingenieros que redactaran el proyecto de obra de la instalación. En vez de rescindir el contrato, la entidad optó por aplicar una suspensión «total y temporal». Es una solución que le garantiza agilidad en caso de que el Principado consiga legalizar otro Plan de Residuos que incluya el horno.

El presupuesto de Cogersa contempla esta posibilidad. Las cuentas de 2016 incluyen una anotación según la cual, en caso de necesidad, se pueden utilizar hasta 505.893 euros del remanente de tesorería para terminar el diseño de la incineradora. Todas estas decisiones se han adoptado en el seno de la entidad durante las últimas semanas sin suscitar debate ni oposición.

Por partes. El pasado 7 de mayo Cogersa formalizó el contrato para la «elaboración de los documentos necesarios para la obtención de las autorizaciones preceptivas conducentes a la realización de las obras de construcción de una planta de valorización energética». Al otro lado de la mesa estaban los adjudicatarios, una unión temporal formada por Impulso Industrial Alternativa S. A. y Recuperación de Energía S. A. En la licitación se habían impuesto a los otros seis aspirantes, gracias en parte a proponer el precio más bajo. La entidad convocó el concurso ofertando 1,2 millones y el equipo vencedor aseguró ser capaz de entregar el trabajo por 0,68 millones.

El pliego de condiciones estipula que el contratista debía redactar el estudio ambiental y el proyecto básico de construcción de la incineradora contemplada en el Plan de Residuos que entonces estaba en vigor. Es decir, una planta capaz de quemar 310.000 toneladas al año y generar electricidad en la combustión.

Impulso Industrial y Recuperación de Energía se comprometieron a entregar los documentos listos en un plazo de diez meses. Cuando estaban a punto de cumplirse dos, el 6 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tumbó el Plan de Residuos. Los magistrados determinaron que el Principado había incluido cambios sustanciales en la norma sin someterlos a información pública.

Resolución de la consejera

El auto dejó sin respaldo legal cualquier avance de la incineradora. Eran días convulsos, de cierto vacío de poder. El socialista Javier Fernández acababa de renovar mayoría electoral y negociaba un acuerdo de investidura. Los ayuntamientos ya habían nombrado alcaldes pero estaban pendientes de configurar sus equipos. Cogersa es un consorcio local y, a falta de concejales con los que compartir la cuestión, la presidenta de la entidad, la consejera Belén Fernández, cargó en solitario con la decisión. El 23 de julio dictó una resolución decretando la «suspensión total y temporal» del contrato de la incineradora.

La Ley de Contratos del Sector Público, a la que se remite el pliego por el cual se adjudicó el contrato del horno, faculta a Cogersa a suspender en cualquier momento el encargo, abonando al adjudicatario «los daños y perjuicios efectivamente sufridos». La vigencia máxima del encargo es de dos años, por lo que antes de mayo de 2017 el trabajo deberá estar completado o el convenio caducará.

Razones para no romper

Como alternativa, la misma ley contempla la resolución del contrato cuando se produzca «la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o la posibilidad cierta de la producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos». Es decir, Cogersa pudo romper el contrato pero ha preferido mantenerlo vivo.

«No se rescindió definitivamente ya que el compromiso que ha asumido el Gobierno del Principado es analizar todas las posibles alternativas al tratamiento de basura y elegir aquella que, siendo viable técnica y económicamente, tenga el menor impacto ambiental», argumentan desde el consorcio. «Desde esta premisa, no existe, en este momento, argumento jurídico para rescindir el contrato sino para mantenerlo interrumpido hasta que se realice dicho análisis», agregan. Si la revisión del plan de residuos descarta la incineración «sí existiría causa para la rescisión», concluye la entidad.

La suspensión se comunicó a los adjudicatarios, para que no avanzaran una línea más y facturasen lo ya realizado. Cogersa abonó así unos 68.000 euros por esa labor, según confirmó la entidad en una contestación tramitada desde su Portal de Transparencia.

Con los concejales ya designados, el 9 de noviembre se reunió por primera vez la comisión delegada del consorcio, incluyendo el orden del día la «ratificación de las resoluciones» adoptadas por la consejera. Antes de la cita y como es preceptivo, la gerencia remitió a los consejeros documentos para que llegaran preparados a la sesión.

Respaldo unánime

Este punto del orden del día resultó ratificado por unanimidad de los presentes, sin que nadie hiciera pregunta alguna. Además del equipo de la consejera y los concejales socialistas, dieron su asentimiento el edil carreñense Ángel Manuel García (IU) y el coañés Salvador Méndez Méndez (PP). David Alonso Medina, gijonés de Xixón Sí Puede, no participó de la reunión por problemas de salud.

La regulación contable exige que todo contrato en vigor tenga respaldo en el presupuesto, por lo que los técnicos de Cogersa incluyeron un apunte a favor de la incineradora en el borrador de cuentas de 2016. Esta documentación se remitió en noviembre a los dos concejales que cada ayuntamiento tiene designados para participar en la junta general universal del consorcio, una suerte de asamblea de accionistas. La junta se celebró el 30 de noviembre y nadie exigió explicación alguna sobre la cuestión ni votó en contra. Los concejales de Foro, IU y Podemos, eso sí, optaron por abstenerse.