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Renedo, en el juzgado.
Renedo ofrece devolver el dinero y reconocer los delitos a cambio de una rebaja de la pena

Renedo ofrece devolver el dinero y reconocer los delitos a cambio de una rebaja de la pena

Negocia «desde hace varios meses» un pacto con la Fiscalía. Para cerrar el acuerdo, pide que se aplace el juicio

Ramón Muñiz

Martes, 12 de enero 2016, 00:16

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La funcionaria Marta Renedo Avilés está dispuesta a reconocer los delitos que se le reprochan, devolver los fondos que supuestamente se apropió, y desvelar a la Fiscalía y el Principado los indicios sobre ilegalidades cometidas por terceras personas y de las que supuestamente habría sido testigo, si así se lo exigen las acusaciones. A cambio, solicitaría una rebaja de la pena. Sobre esta triple base el abogado que representa a la funcionaria lleva «varios meses» negociando un pacto con la Fiscalía y el Principado, tal y como el propio letrado reconoce en su último escrito.

Desde el punto de vista del Ministerio Público, el acuerdo tiene ventajas a tener en cuenta. Hace unos meses, en una conversación con este periódico, la propia Fiscal Superior, Esther Fernández, aseguraba que hasta que empezara el juicio «existe margen» para llegar a un acuerdo en el 'caso Renedo'. «La conformidad supone que el condenado reconoce los hechos y ahorran a la Justicia tiempo y esfuerzos», resumía. «Es mejor eso que tener al condenado en la cárcel, insistiendo en su inocencia, y recurriéndolo todo», abundaba. A cambio de la asunción de los hechos y la renuncia a todo recurso futuro, Fernández estaba dispuesta a solicitar la pena menor prevista para cada uno de los delitos que reprocha.

¿Por qué José Carlos García, el letrado de Renedo, hace ahora públicos estos acercamientos? La respuesta está en el documento que acaba de entregar a la Audiencia Provincial, donde solicita que se posponga el juicio penal que estaba a punto de señalarse para depurar el 'caso Renedo'. El objetivo del aplazamiento sería precisamente el de facilitar que las partes cierren el pacto en ciernes. El letrado admite que «verbalmente» ya había comunicado a la Sección Tercera estos movimientos y subraya que en esta fase la cuestión objeto de debate pasa por la voluntad de su cliente de «hacer frente al pago de las responsabilidades civiles».

«Sin embargo, por parte del Ministerio Fiscal se remite tal cuestión a lo que señale el Principado de Asturias y el Principado, según las noticias que tiene esta parte, se atenderá a la responsabilidad civil que señale el Tribunal de Cuentas», informa el letrado. Cabe recordar que la investigación penal comenzó en Gijón hace ahora casi seis años. De forma paralela, la Junta General creó una comisión de investigación, una de cuyas conclusiones apuntaba a la necesidad de que el Tribunal de Cuentas interviniera para determinar el perjuicio causado a los fondos públicos. El Gobierno regional rehusó acatar esa medida, alegando que hasta que la Audiencia no dictara sentencia, no cabía iniciar un proceso en la jurisdicción contable.

No contento con el argumento, el entonces diputado de UPyD Ignacio Prendes (hoy en Ciudadanos), tomó la iniciativa, acudió a Madrid y entregó al Tribunal de Cuentas los 199 contratos analizados por la comisión de la que fue presidente. Tras analizarlos, los instructores del Tribunal de Cuentas concluyeron provisionalmente que en los mismos se cometió un quebranto de 2,95 millones.

La suma supera en medio millón a la responsabilidad civil que el Principado había solicitado en su escrito de acusación dentro del proceso penal, si bien la jurisdicción contable se rige por reglas distintas, especialmente duras con los cargos políticos y funcionarios próximos, pero sin apenas consecuencias para los demás. Aplicándolas a este supuesto, ha iniciado un proceso para enjuiciar a José Luis Iglesias Riopedre y la funcionaria M. C. C. S., a los que solicita que repongan 210.250 euros supuestamente defraudados. También tiene otra causa abierta contra Renedo, interesando que abone 1,1 millones. El abogado de Renedo pide al Principado y la Fiscalía que fijen una suma definitiva. «Reparar los efectos del delito constituye una circunstancia atenuante de responsabilidad penal» a la que su cliente quiere acogerse, indica el abogado.

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