Otero y los empresarios se ofrecen a declarar contra Riopedre para rebajar sus condenas

El 3 de febrero de 2010, una denuncia puso a la Policía sobre la pista del 'caso Renedo', una presunta trama de corrupción en el Principado que llegó a sumar más de 35 imputados y cuyo juicio prepara la Audiencia Provincial para después de Semana Santa, con siete acusados. Así estaban las cosas cuando hace una semana el abogado de la funcionaria que está en el origen del caso, Marta Renedo, tomó una decisión radical: remitió un escrito al juzgado desvelando la existencia de una negociación con la fiscalía y el Principado. Para darle una oportunidad a las conversaciones, el letrado pide aplazar el juicio. En realidad los tratos llevan meses atascados y sacándolos a la luz confía en echar sobre el Gobierno regional y la fiscalía la presión suficiente como para desbloquearlos.

En la jugada participan Renedo, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez y Maximino Fernández. Todos están dispuestos a devolver el dinero que supuestamente habrían defraudado al Principado. A cambio solicitan que se les aplique la pena de cárcel mínima posible. Para beneficiarse del atenuante de colaboración con la Justicia, están dispuestos a hacer un reconocimiento de hechos que incrimine al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre.

El veterano político no ha participado de negociación alguna y fía su destino a la habilidad que tenga su abogado, Sergio Herrero, para desmontar en el juicio todas las acusaciones y lograr la nulidad de parte de la causa. Paradójicamente, si el resto de los acusados llegan a un acuerdo, Riopedre sería el único acusado para el que se celebraría dicho juicio. El reconocimiento que están ofreciendo Otero y los empresarios «le deja a los pies de los caballos, pues estamos hablando de que su 'número 2' y sus empresarios amigos desvelarían su participación en los hechos», señalan fuentes próximas a las negociaciones.

Los movimientos para este acuerdo vivieron un momento clave el pasado mes de abril, con una reunión de los abogados de los cinco acusados interesados en el que hicieron una propuesta a la fiscalía y la comunicaron al Principado. La Fiscal Superior, Esther Fernández, admite públicamente que «como principio general» es partidaria de llegar a sentencias por conformidad, dado que ahorran tiempo y recursos a una Justicia saturada que puede dedicarse a otras causas. Su línea roja es la devolución del dinero y el reconocimiento en la sentencia de todos los delitos, aunque sea para cumplir la pena mínima prevista.

Margen de maniobra

¿Cuál es el margen de maniobra? Un ejemplo. En su escrito de acusación, la fiscalía reprocha a Otero delitos de prevaricación, malversación y cohecho, y propone una condena de 11 años y 6 meses de prisión por todos ellos. Si la ex directora general colabora, el Ministerio Público podría rebajar su petición a un mínimo de 4 años de cárcel por los mismos delitos, que con el atenuante de colaboración y dilaciones se acercaría a los tres.

Las acusaciones personadas ya exploraron en el año 2013 las posibilidades de llegar a una entente sobre estas bases. Entonces el punto de equilibrio se abordó en los cinco años de cárcel para Renedo, tres para Otero, dos para los empresarios Muñiz y Sánchez, y seis meses para Maximino Fernández y Antonio José Azorín. Habría indemnizaciones para las dos víctimas reconocidas de la funcionaria: Azucena V., la gijonesa que puso la primera denuncia, y los familiares de Severina B., una anciana que falleció sin saber quién estaba moviendo más de 200.000 euros suplantando su identidad. Las acusaciones exigían además una colaboración «activa» con la Justicia.

Aquel primer consenso quedó en agua de borrajas tras la filtración del mismo. Tomándolo de referencia, los cinco procesados proclives al acuerdo recuperaron el asunto en abril, como queda dicho, en una nueva ronda de charlas. Los letrados han advertido del asunto de modo informal a los representantes del Principado; a las acusaciones populares y particular, por el momento, las mantienen al margen, pese a que su concurso es imprescindible para cerrar el pacto.

La legislación exige que una transacción como la propuesta tenga el aval del Consejo de Gobierno, al que hasta la fecha no se le ha elevado expediente alguno sobre el asunto. La Administración regional está aún analizando la cuantía del dinero defraudado; para tener cifras más certeras, a finales de junio la Consejería de Educación remitió a sus colegios las facturas que supone falsas para verificar la cuantía del fraude cometido. Preguntados al respecto, los portavoces del Principado rehusaron ayer hacer comentarios al respecto.

Renedo, Otero, Muñiz, Sánchez y Fernández tienen muy avanzado un acuerdo interno para pagar solidariamente la responsabilidad civil que se les exija, y que estiman entre los 2,2 y los 2,9 millones que les plantea la fiscalía y el Tribunal de Cuentas. La ex directora general y el empresario de Igrafo son los que más medios disponen para ello, al tener parte de su patrimonio invertido en inmuebles y negocios. Para devolver su cuota, la funcionaria dispone de un piso en el centro de Oviedo, que adquirió con 420.000 euros supuestamente desviados desde las arcas autonómicas. Sánchez en cambio invertía todos los beneficios de APSA en la empresa, hoy quebrada. El empresario gijonés y Muñiz tienen además abiertas sendas causas por supuesto delito fiscal, donde el Abogado del Estado les pide entre 2 y 4 millones más.