Riopedre y el empresario que contrató a su hijo, los únicos acusados del 'caso Renedo' que no negocian un acuerdo

Devolver el dinero, reconocer públicamente los delitos cometidos, renunciar a recurrir la sentencia y colaborar con la Justicia. Este es el ofrecimiento que, hace ocho meses, hicieron a la Fiscalía y al Principado la mayoría de los acusados en el 'caso Renedo'. Los abogados de la funcionaria Marta Renedo, la exdirectora general María Jesús Otero, así como de los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez solicitan que a cambio, las acusaciones rebajen sus peticiones de prisión. Es la segunda vez que las partes tratan de alcanzar un acuerdo de conformidad que evitaría la celebración del juicio, salvo para quienes no participen del pacto.

De momento y desde el lado de los acusados sólo están fuera de las negociaciones el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre así como el empresario que dio trabajo a su hijo, Antonio José Azorín. El veterano político lleva seis años defendiendo su inocencia aplicando como estrategia la de que no tiene nada que aportar a la causa, ni negociar, pues en el momento del juicio podrá acreditar su falta de responsabilidad en los supuestos delitos que se le reprochan.

Para que el acuerdo fructifique es necesario que todas las acusaciones se avengan a sellarlo, algo extremadamente complejo. En las negociaciones, la abogada del Principado ya comentó que carece de competencias para cerrar una transacción de este calibre, y que para dar el paso precisaría del visto bueno del Consejo de Gobierno. La acusación particular, ejercida por el despacho de Pineda & Turrero Abogados, la popular que ahora lidera Podemos, y la instada por el Bloque Progresista de Belmonte de Miranda, no han participado hasta la fecha de las conversaciones y se mantienen a la espera de las llamadas pertinentes.

La existencia de estas negociaciones entre bambalinas ha sido desvelada por la propia Marta Renedo, en su último escrito de acusación.