Juventudes Socialistas pide el cierre de la capilla universitaria

Interior de la capilla de la Universidad de Oviedo.
Interior de la capilla de la Universidad de Oviedo. / MARIO ROJAS
  • «Las creencias religiosas pertenecen al ámbito privado y no tienen cabida en centros educativos públicos en un país aconfesional», dice

Juventudes Socialistas de Asturias (JSA) se ha sumado a la campaña iniciada por Europa Laica y secundada por Asturias Laica en la que se pide el cierre de todas las capillas en las universidades españolas, incluida la de la institución académica asturiana, ubicada en el edificio histórico de la ovetense calle de San Francisco. Según explicó la formación en un comunicado, esta iniciativa consiste en recoger firmas a través de la web de Europa Laica para lograr la clausura de las 33 capillas de confesión católica existentes en las 64 universidades públicas españolas.

Según la secretaria general de la organización juvenil, María Vallina, «las universidades públicas son lugares para la difusión del conocimiento, del humanismo, de la ciencia y la cultura, destinadas a culminar el proceso de crecimiento social y académico de los individuos». Afirma que «las creencias religiosas son muy respetables, pero son una cuestión perteneciente al ámbito privado y personal de cada uno y no tienen cabida en centros educativos de un país aconfesional como España».

Por todo ello, las Juventudes Socialistas de Asturias reclaman al rector, Vicente Gotor, que «proceda al cierre de la capilla de la Universidad de Oviedo en el menor tiempo posible y la desposea de los símbolos religiosos que pueda haber en ella». Según recordó Asturias Laica estos días, la reivindicación se ha reavivado a raíz del juicio contra Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, por la protesta que protagonizó en la Complutense hace cinco años, en el que exhibió el torso desnudo. La Fiscalía solicita un año de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos.

JSA reitera «la petición histórica» para que el nuevo parlamento español apruebe una nueva Ley de Libertad Religiosa y se denuncien los acuerdos con la Santa Sede, con el fin de «adaptar, por fin, toda la legislación en esta materia al siglo XXI».