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«No se informó del copago geriátrico», acusan los trabajadores sociales

«Los dependientes no generaban deuda, nos dijeron y ahora les cobran» critica la Plataforma del Sistema Público de Servicios Sociales

CHELO TUYA

Sábado, 27 de febrero 2016, 02:55

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«A los trabajadores sociales, el Principado nos dijo que los usuarios de geriátricos públicos con ayuda a la dependencia no generaban deuda. Y así se lo trasmitimos a las familias. Claro, esa información nunca nos la pusieron por escrito. Y ahora les cobran». La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales acusó ayer al Gobierno regional de «no informar adecuadamente» ni a las familias ni a los usuarios de residencias geriátricas públicas sobre el coste que les supone usar cada plaza.

Contradice así este colectivo, que aglutina a la mayoría de profesionales de los servicios sociales de toda la región, la versión oficial. Tras llegar a la Junta, de la mano de Podemos y PP, la polémica por el cobro de facturas de hasta 91.000 euros a familiares de usuarios de residencias públicas ya fallecidos, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, insistió en que «las familias y los usuarios saben que los servicios son públicos, pero no gratuitos. Que el que nada tiene, nada pagará. Pero el que tiene, al finalizar su estancia tendrá que liquidar la deuda». Es decir, pagar el coste total de la plaza fijado por el ente que gestiona la red pública geriátrica, Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Entre 1.276 euros mensuales, para personas sin dependencia, y 1.439 para casos graves.

Unas liquidaciones que, sin embargo, no llegaron a las familias entre 2007 y 2011. El Principado argumenta que estaba a la espera de que se aprobase el decreto del copago de la Ley de la Dependencia. Eso llevó, explicó Pilar Varela, «a que en julio de 2012 nos encontráramos 4.448 facturas sin cobrar», de las que ahora quedan 3.643.

Sin embargo, las familias afectadas no están conformes ni con las explicaciones ni, sobre todo, con las cuantías reclamadas. Según Podemos, «la factura media se sitúa en los 25.000 euros», mientras que la más alta llega a los 91.000, por lo que la formación, junto con PP, Ciudadanos e IU, plantea al Gobierno regional «que paralice los cobros».

«Nos negamos a informar»

Una petición que el Parlamento asturiano votará en el Pleno del próximo viernes, cita que se prevé polémica, ya que los afectados quieren acudir a la sesión.

Unos afectados que tienen el apoyo de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. «Cuando comenzaron a llegar a los servicios sociales las familias con las reclamaciones del ERA fuimos los trabajadores sociales los que les dijimos cómo debían reclamar».

Asegura la Plataforma que «cuando una persona ingresa en una residencia lo hace sujeto a unas condiciones y, en estos casos, fueron modificadas sin avisar de forma adecuada ni con tiempo suficiente». En esa línea, denuncia que «ni los profesionales ni las familias teníamos la información adecuada. Se han dado muchos casos de indefensión».

Tanto que, incluso, «hay familias que no han recibido un trato justo del Principado». Hasta tal punto ha llegado el enfado que los profesionales se han plantado. «Nos negamos a informar sobre precios públicos. No damos ninguna información que no tengamos por escrito».

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