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Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, accediendo a la Audiencia Provincial.
«He sido un tonto útil; el Principado  nos utilizó y engañó, y ahora nos acusa»

«He sido un tonto útil; el Principado nos utilizó y engañó, y ahora nos acusa»

Los empresarios del 'caso Renedo' se presentan como «unos mandados» de la Administración

RAMÓN MUÑIZ

Jueves, 28 de abril 2016, 03:12

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Hay un 75% de posibilidades de que la silla sobre la que cada mañana se sienta el magistrado-juez Javier Domínguez Begega la pagase el Principado a dos de los acusados a los que ayer interrogaba. «Entre APSA e Igrafo teníamos el 75% de los productos que figuran en el catálogo de productos homologados, lo que hacía más cómodo a la Administración recurrir a nosotros», justificó Víctor Manuel Muñiz Menéndez, socio de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo). «Si eres funcionario y tienes mucho trabajo, a la hora de comprar te tiras por quien te lo soluciona todo, capaz de hacer presupuesto, tener arquitectos; no, no éramos empresas de paja», completó Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín S. A. (APSA).

Los principales empresarios acusados en el 'caso Renedo' coincidieron en poco más durante los interrogatorios a los que se sometieron ayer durante la cuarta sesión del juicio. Muñiz llegó despojado de su habitual pajarita e intentó hacer otro tanto con Igrafo. «No tenía oficina en la empresa, no paraba allí», dijo. «La contabilidad y facturación no era mi competencia; es que además no sabría hacerlo», destacó, tras confiar que empezó a trabajar con 13 años y que sus estudios se ciñen al bachillerato.

«Mi función era relacionarme con las fábricas; la dirección comercial la llevaba Arturo, que murió en 2009 a consecuencia de un cáncer», informó. No fue original. Casi todos los acusados que ayer hablaron echaron mano de algún difunto en el que descargar parte de las responsabilidades.

Del retrato que Policía y fiscal han hecho de él, Muñiz sólo asumió su amistad con el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre: «En 2010 estaba muy preocupado por su hijo, que se quedaba sin trabajo, y no sé si fue comiendo cuando me dijo que si podía ayudarle en algo. Me hubiera encantado, pero yo de ese mercado no sabía; la única empresa que conocía era Nora, y ya trabajaban juntos».

Igrafo, a decir de su fundador, se labraba el beneficio sin atajos como liberalidades o regalos, «salvo que se considere una liberalidad invitar a un café, y regalo dar un calendario a final de año», matizó.

Lo de Alfonso Carlos Sánchez fue otra cosa. Un hablar desde la frustración: «Lo que pasaba aquí, pasaba en otras consejerías, organismos, empresas; es un sistema que nos utiliza a las empresas para sus necesidades». Inquieto en su silla, el empresario agitaba piernas y palabra.

-«¿Hubo pedidos que no llegaban a los colegios?», requirió su letrado, Javier Dapena.

-«Eso era tema de ellos; yo lo que quería era que me compraran. La forma de funcionar del Principado era un caos total. Te decían 'mándamelo ya', luego 'cámbiamelo', 'llévalo aquí'... Era una improvisación y un caos total. (...) Nos decían que como no había dinero para pagarlo con una partida, que pusieras la facturas a nombre de otra (...) Éramos unos mandados. El desastre es del Principado, que nos utilizaba».

Los acusados se salpican

Sánchez responsabilizó en varias ocasiones a «la dirección general de Planificación, Centros e Infraestructuras», el departamento que mandaba la acusada María Jesús Otero. En otros momentos habló de vicios que aseguró generalizados. Pasó con los concursos que monopolizaba presentando a tres empresas de su propiedad. «Te decían que entregaras las cosas, que luego ya 'lo armaremos administrativamente'», expuso. «Nunca nadie me dijo que estuviera haciendo nada ilegal; en mi caso era sangrante, porque las empresas no tenían sede en Asturias, podían haber mirado que figuraba como dueño de ellas».

Otro tanto ocurrió al hablar de las facturas falsas emitidas por la empresa a final de año para que un departamento agote sus fondos y no lo pierda en el presupuesto del curso siguiente. «Luego al año siguiente nos pedían cosas y a lo mejor no coincidían con lo que se había facturado», reconoció. «Yo soy un mandado; sobre todo me pedían cosas que decían que era para Presidencia», apuntó.

¿Pagó sobornos para mantener ese ritmo de contratos? «Si lo hice alguna vez fue totalmente engañado», advirtió. Un ejemplo. Su empresa tiene fondos transferidos a una cuenta que se sospecha controlada por la funcionaria Marta Renedo. «No la conocía hasta el lunes, que me tomé una caña con ella», aclaró. El dinero abonado supuestamente iba a servir para financiar una inserción publicitaria. «Vives de la Administración, lo normal es confiar en ellos. ¿Por qué nos iba a engañar el Principado? En todo caso, si pasó, el responsable sería el Principado».

Sánchez diseminó delegaciones en media España, en ocasiones porque las administraciones locales exigían que tuviera plantilla local para darle contratos. «No sé si es muy legal, pero pasaba», comentó. «Facturamos a media España, y el único sitio donde tuvimos problemas fue aquí, en Asturias, que me hundió en la miseria total, no puedo pagar ni a mi abogado. Y considero responsable de todo al Principado».

Fue ahí, al hablar de la Administración regional, cuando más se enrabietó el acusado: «Me arrepiento muchísimo de no haber sido más práctico, de haber sido un tonto útil, de que se hayan aprovechado de mí. Me parece increíble que esté de acusación el ente que me engañó y deshizo la vida... perdón señoría... pero, me cago en la mar, para robar al Principado no hubiera necesitado a 135 trabajadores, habría cogido a tres o cuatro».

El procesado hilaba el discurso siguiendo las preguntas de su abogado, el único al que respondió y que se preocupó de cerrar un flanco conflictivo: ¿Tenían alternativa los empresarios? ¿Su manera de operar perjudicó a otros competidores?

Sánchez respondió que quien trabaja con el sector público sabe que «si decíamos que no a un contrato menor, piensan que ya no quieres hacer nada y se acabó todo contigo; además lo que tú dejas lo hace otra empresa». También destacó que en el Ayuntamiento de Oviedo los contratos se los llevaba «mi querida competencia», y que en Gijón un rival sierense le privó de contratos que eran «unos cuentos millones».

Una vacío ventajoso

Según su dueño, APSA arrastró una deuda de 12 millones con el sector público, y sus márgenes de beneficio eran de entre el 4 y el 5%. En las cifras también encontró defensa Víctor Muñiz, al recordar que Igrafo manejaba 1.500 clientes y que las ventas de la Consejería de Educación «no eran ni el 5%».

«Llevamos 40 años trabajando y si por algo nos caracterizamos es por ganarnos la confianza de nuestros clientes; eso no se regala, se gana», reivindicó. Hasta ahora, Policía, jueces y fiscales consideraron a Muñiz el «gerente de hecho» de Igrafo, posición que motivó que en ningún momento se investigara al resto de los socios de la empresa. Ese vacío ha posibilitado que uno de ellos asista ahora a las sesiones del juicio, entre el público, dado que no está complicado ni como testigo. Ayudado por su letrado, Miguel Valdés-Hevia, el acusado ha esperado hasta el momento del juicio para desnudarse de esa condición que le habían dado. «En realidad, ni siquiera las sillas de la sala son suyas», aclara uno de sus fieles.

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