El Principado pagará 25.000 euros por las auditorías encargadas y no realizadas del Gitpa

La empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias (Gitpa) -investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa en las obras realizadas para implantar la red de cable Asturcón- tendrá que abonar 25.000 euros por los trabajos de auditoría adjudicados a través de contratos menores que fueron rescindidos con posterioridad. Así lo reconoció ayer el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, al ser preguntado sobre el asunto por el PP en una comisión parlamentaria.

Blanco recordó que fue él quien inicialmente ordenó a Gitpa que contratase la auditoría, a instancias de una petición de la Junta General del Principado de Asturias. Posteriormente, otra moción del Parlamento regional instó a que no fuese Gitpa la que contratase la auditoría, por lo que se decidió rescindir los contratos. Son tres: uno con Distecable (de 8.800 euros) y otros dos con Infrastructuras, Canalizaciones y Vías (de 5.000 y 12.000 euros respectivamente).

Una vez que se ha renunciado a los contratos adjudicados a Gitpa, es la propia consejería quien se ha encargado de contratar la auditoría para comprobar que lo pagado se corresponde a lo contratado por Gitpa. Sin embargo, Blanco ha reconocido que le hubiese gustado que el contrato ya hubiese sido adjudicado. Su estimación es que cueste unos 17.000 euros. «Está tardando mucho, tenía que estar ya pero no es tan fácil como se cree», se justificó tras mantener que se está tratando de realizar «con todas las garantías».

Las palabras del consejero no convencieron al diputado del PP Agustín Cuervas-Mons, para quien no es de recibo que se tarde tanto en adjudicar un contrato menor. El parlamentario del PP mostró además su extrañeza por que Gitpa haya licitado tres contratos para la auditoría, dos de ellos incluso con el mismo nombre en el objeto del mismo: 'Servicio de piloto y alquiler de dumper con plataformas de trabajo'. A su juicio, este hecho apunta a un «fraccionamiento» deliberado.

Gitpa -participada al cien por cien por el Principado- se encargó desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias y pudo facturar al Principado cantidades por encima del coste de las obras ejecutadas. Un juzgado de Oviedo ha apreciado indicios de un delito de prevaricación administrativa en su gestión.