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Sergio Herrero llega a la Audiencia con su cliente, José Luis Iglesias Riopedre.
La Policía constata que Riopedre «no recibió ni un euro», pero benefició a su hijo

La Policía constata que Riopedre «no recibió ni un euro», pero benefició a su hijo

El inspector que llevó el caso cree que se aprovechó del trato de favor a Igrafo y APSA «para que las empresas dieran trabajo a Ernesto»

RAMÓN MUÑIZ

Viernes, 6 de mayo 2016, 03:18

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El inspector es un veterano que ha pasado dos semanas revisando aquel caso, el más importante que ha tenido en toda su carrera. Él fue quien en 2010 recibió en persona la denuncia de una ciudadana gijonesa e intuyó que aquel hilo tenía carrete. Los indicios apuntaban a que «una alta funcionaria había logrado sacar por la puerta de atrás y no sabemos cómo 134.000 euros». La empleada pública había dicho además que ella era solo una víctima; «pensamos que podía ser la punta del iceberg». Para descubrir «si había más gente importante y las jerarquías de los implicados», pidió permiso a la jueza para 'pinchar' los teléfonos de la tal Marta Renedo. «No sabíamos hasta dónde ibamos a llegar; esto es como cuando empiezas a seguir al camello que vende cocaína y quieres ver cómo es la banda».

Siguiendo esa senda, sus hombres descubrieron que en el Principado las cosas no eran como decía la versión oficial. Las conversaciones de la funcionaria 'pillaron' a un empresario, Víctor Muñiz, que decía estar buscándole seis millones de pesetas en «dinero en B» para dárselos. La intervención al teléfono de este socio de Igrafo sorprendió a la 'número 2' de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, dándole instrucciones al empresario para adulterar un concurso público. En las cuentas de la directiva y en las de las sociedades que tenía confiadas a sus familiares, detectaron pagos de Igrafo, pero también de APSA. La trama iba cobrando forma y en medio de ella surgía una pieza política de caza mayor: José Luis Iglesias Riopedre.

El inspector jefe de la Brigada de Delitos Económicos lleva dos semanas recordando las pistas que llevaron a sus hombres a dar un paso hasta entonces inédito en la historia del Principado: ponerle las esposas a un exconsejero e interrogarlo. «Hubo 19 conversaciones entre Víctor y Riopedre y en todas, salvo dos, hablan de geotermina y de Ernesto», el hijo del consejero. Iglesias Riopedre solicitaba en esas charlas que en las obras que iba a adjudicar su departamento, las empresas subcontratasen al hijo «pocos sondeos pero bien pagados».

Han pasado seis años de aquello y ayer, en la Audiencia Provincial, el mando policial tuvo ocasión de explicarle al político a las claras qué provocó su particular descenso a los infiernos: «Igual que digo que no se ha visto que hubiera recibido ni un euro ilícitamente, sí que a lo mejor en su condición de padre, que en ese momento a lo mejor no ve bien las cosas, se aprovechaba de que se estaba beneficiando de una manera bastante descarada de Igrafo y APSA, para que esas empresas le dieran trabajo a su hijo».

Un testigo perdido

Hubo una testigo clave que reforzó esa tesis. Era la jefa de la unidad técnica de Educación, profesional hoy fallecida. Cuando testificó ante el inspector, le dijo que aquello de impulsar obras de geotermia en la región «era un empeño personal de Riopedre, que promovió estudios previos en muchos casos incluso en contra de su opinión técnica».

Las sospechas se dispararon al registrar la sede de Igrafo. Entre los papeles guardados a buen recaudo, existían facturas por las obras realizadas en la sede de Geogal, la sociedad del hijo de Iglesias Riopedre. Son trabajos que las escuchas sugieren que Ernesto no tuvo que saldar.

Los abogados de las empresas protestaron, adujeron que las sociedades eran líderes del sector y tenían su catálogo homologado, que no había motivo para que no se llevaran la mayoría de los contratos. El agente les replicó con un ejemplo. Educación tuvo una vez necesidad de retirar residuos tóxicos de La Laboral. «En vez de llamar a Cogersa para ello, contrató a Igrafo por 3.000 euros para que a su vez subcontratara la labor a Cogersa por 1.000 euros».

El agente está satisfecho de su trabajo, aunque no tanto como para negar que se cometió algún error y quedaron cabos sueltos por atar. Pasó con un apunte de la contabilidad B de Igrafo, designado «cuenta Reinares». También con aquella nota manuscrita encontrada en la sede de la empresa, y en donde al lado de una serie de contratos logrados de Educación se apartaba «siempre el 8%» del dinero. «Nos ha quedado el interrogante de a quién se pagaba ese 8%».

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