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N. PRIETO
Viernes, 6 de mayo 2016, 03:18
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de proporcionar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el tercer revés consecutivo por el polémico tema del reparto de las cuotas de xarda en el caladero Cantábrico Noroeste, al anular el fijado mediante Resolución para la campaña de 2015. Con anterioridad, la Audiencia Nacional había anulado también sendas órdenes ministeriales sobre el mismo asunto por defectos legales, concretamente por no incluir un informe del Consejo Económico y Social.
En el caso ahora resuelto favorablemente para los intereses de los pescadores asturianos fue una Resolución de la Secretaría General de Pesca -es decir, una disposición de rango inferior a la Órden Ministerial y por eso fue abordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no por la Audiencia- la disposición que reguló la cuota. Curiosamente, dicha resolución rebajaba aún más la cuota fijada por Órden Ministerial, supuestamente como multa por sobrepesca, circunstancia destacada por la representación legal del Principado.
Otra anomalía que propició el recurso fue que la resolución fue sometida a consulta de las comunidades autónomas y de las federaciones de cofradías interesadas sólo en lo referido al comienzo de la campaña, sin incluir el borrador presentado nada de lo referido a cuota y rebaja de la misma, de forma que resultó imposible presentar cualquier tipo de alegación antes de que la norma llegase al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una «persecución»
En esas condiciones y tras la nueva resolución judicial ahora conocida, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos del Principado hizo ayer público un comunicado en el que asegura que «la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera ahora 'evidente' la falta de motivación de la resolución ministerial» y explica que «el Gobierno asturiano considera que la reiteración en los motivos que han dado lugar a estas tres sentencias empieza a evidenciar una grave torpeza y falta de rigor administrativos, achacable directamente al secretario general de Pesca, o una persecución contra el Ejecutivo del Principado y la flota asturiana, sospechas que no son excluyentes».
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