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El acusado Alfonso Carlos Sánchez, su abogado Javier Díaz Dapena, Jose Carlos García Hernández y su clienta Marta Renedo.
Un testigo afirma que Otero amuebló su chalé y pasó la factura a APSA

Un testigo afirma que Otero amuebló su chalé y pasó la factura a APSA

El carpintero confirma parte de la acusación contra la exnúmero 2 de Educación. Los testigos afirman que el ordenador de Renedo «era accesible»

RAMÓN MUÑIZ

Martes, 7 de junio 2016, 03:10

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Desnudar a una empresa siempre depara sorpresas. Igrafo y APSA, por ejemplo, eran dos de los principales proveedores del Principado y guardaban en sus sedes cajas de documentos contables. Cuando los peritos de la Agencia Tributaria se enfrentaron a ese mar de papel dieron con facturas aparentemente ilógicas, de esas que solo traen perjuicios a quien las asume. Cuatro de ellas las había emitido una firma de carpintería e interiorismo, Tekno, cobrándoles así unos 240.000 euros por trabajos de madera hechos en chalés particulares del Oriente.

«Fue por la venta de muebles y trabajos de carpintería», explicó ayer J. A. F., que era máximo accionista de Tekno en los años investigados. El empresario dijo más: «Me los pidió la propia María Jesús Otero, que era clienta mía». La entonces directora general de Educación acostumbraba a llamarle para «varias cosas, en diversos sitios; en casa de ella y en unos apartamentos», agregó.

¿Cómo es que la madera instalada en el chalé particular de Otero y las tarimas puestas en los apartamentos que explotan sus familiares, fueron todos ellos pagados por Igrafo y APSA, los principales proveedores de la consejería? El testigo respondió a media voz. «Ella me daba el nombre de la sociedad a la que había que facturar», reconoció.

Javier Díaz Dapena, letrado que defiende al dueño de APSA, exigió más concreción. ¿Conocía a su cliente, Alfonso Carlos Sánchez, o había tenido algún contacto con APSA, la empresa que le financiaba esos trabajos? «No, no, no tuve contacto», admitió el testigo.

Las defensas se acusan así, por momentos. Díaz Dapena intenta mostrar a su representado como víctima de los engaños de Otero, lo que le obliga a lanzar dardos contra los intereses de la ex directora general. La letrada de esta, Ana Muñiz, los repele como puede. «Oiga, ¿usted sabe si al margen de quien le pagaba a usted la factura, sabe si luego Otero le pagaba a APSA?», requirió la abogada. «Pues... no, no», convino el testigo.

El juicio del 'caso Renedo' sobre una presunta trama de corrupción navega así, por su ecuador, ofreciendo un curioso espectáculo. Cuando una cuestión parece aclarada, llega otro testigo y la emborrona.

Pasó ayer en lo tocante al ordenador que utilizaba Marta Renedo Avilés cuando fue destituida. Su entonces consejera Ana Rosa Migoya, dijo haber dado órdenes a su secretario general técnico para preservar las pruebas. Según se explicó, una serie de trabajadores accedieron al despacho, en presenta de funcionarios, se levantó acta de la entrada, se tomó el disco duro y para mayor seguridad, se guardó con un candado. Cuando la policía llegó una semana después y requirió el equipo, se encontraron con que en su interior no había «nada de interés para la investigación».

Una de las líneas de defensa de Renedo pasa por poner en cuestión todo lo que se encontró en su despacho. También la cadena de custodia del ordenador. La responsable de Proyectos Informáticos C. A. G. fue testigo de aquella diligencia y señaló que el despacho no estaba cerrado con llave cuando accedió al mismo, que al equipo se le puso un candado «de los de bicicleta», que incluso así podría funcionar con los cables apropiados. El ordenador trabajaba además en red con todo el departamento, por lo que «era accesible, había perfiles con autorización para acceder y su conexión dejaba huella digital; se podría haber hecho una investigación de las personas que entraron y salieron».

M. A. S., por su parte, trabajó en Cultura, en la época en que la consejería pagó casi 200.000 euros a Igrafo; la factura decía que había amueblado un centro inexistente y la empresa alega que es la fórmula que le dieron para cobrarse una reforma que sí hizo, en la biblioteca de El Fontán. La testigo trabajaba en la oficina presupuestaria y aseguró que todas las semanas se enviaba a los directores generales un informe sobre cómo se estaba ejecutando su presupuesto.

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