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El TSJA anula el decreto del Sespa para nombrar 300 médicos eventuales

Da la razón a Comisiones Obreras, que denunció las incorporaciones al no contar con el preceptivo acuerdo de la Mesa de Contratación

CHELO TUYA

Martes, 5 de julio 2016, 02:55

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El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular el decreto por el que contrató a 300 médicos eventuales. Lo hizo el año pasado, un contrato que amplió después durante seis meses más: hasta el pasado 30 de junio. Tanto los nombramientos iniciales como la prórroga consiguiente fueron denunciados por Comisiones Obreras, a través de su Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Asturias. «La que ha llegado ahora es la sentencia de la primera denuncia. La de la prórroga seguirá el mismo camino».

Así lo espera Alejandro González, el portavoz en materia sanitaria de la central sindical. Recuerda él que «nunca hemos querido perjudicar a los trabajadores», pero que el Sespa «estaba advertido de que no se podía contratar de esa manera. Ellos interpretaban que podían nombrar médicos eventuales y luego informar. Pero el acuerdo lo dice bien claro: los nombramientos serán tras informar a la Mesa de Contratación».

Una visión que ha sido respaldada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, pero no el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo. Este tribunal sí entendió que la decisión del Sespa era correcta, ya que la contratación de personal eventual cumplía los requisitos pactados con los sindicatos: se respetaban los principios de igualad, mérito, capacidad, competencia y publicidad. Sin embargo, para el juzgado ovetense no era preceptivo que la Mesa de Contratación diera su visto bueno, como sí considera el acuerdo sanitario y refleja el TSJA.

«No queremos ser lesivos»

La sentencia llega con los médicos afectados en otras posiciones laborales, puesto que la prórroga de su contrato laboral concluyó el 30 de junio. Sin embargo, aunque no les afectará a las nóminas ya cobradas, la aplicación supondría la imposibilidad de que el tiempo trabajado compute como antigüedad. Alejandro González aseguró que «en Comisiones Obreras no queremos ser lesivos», ya que la denuncia no se presentó, aseguró, «para perjudicar a ningún trabajador, sino porque no se cumplía la ley». Los pasos que habrá que seguir «serán estudiados».

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