La fiscal ve confirmadas sus tesis y pedirá prisión para Riopedre y cinco acusados más

En unos días el 'caso Renedo' quedará visto para sentencia. La Audiencia Provincial escuchará el miércoles las 83 conversaciones que la fiscal y la acusación popular de Avall seleccionaron de entre todas las que el Cuerpo Nacional de Policía grabó a los acusados. Hay una testifical pendiente, documentos a exponer en la sala, y después todas las partes defenderán sus conclusiones, esto es, las condenas o absoluciones que piden en base a lo que viene ocurriendo en el juicio que comenzó el 5 de marzo.

El pesimismo de los abogados de la defensa lo ha confirmado la propia fiscal del caso, Carmen Rodríguez. En conversaciones informales les anticipó que, a su modo de ver, los testigos y peritos han confirmando todas las sospechas, por lo que mantendrá su petición de prisión para seis acusados. Al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le pide 10 años y medio de cárcel por prevaricación y cohecho, uno más para su subordinada María Jesús Otero y otros diez para la funcionaria Marta Renedo. De imponerse sus tesis, a los socios de Igrafo y APSA les caerían nueve años a cada uno. Para el empresario informático Maximino Fernández serían cuatro.

La letrada del Principado y la acusación del Partido Progresista de Belmonte tienen intención de sumarse a la petición, mientras que Avall, que inicialmente propuso penas mayores, valora aproximarse a la fiscal. Podemos mantiene una línea más dura y está condicionado por ser el único que mantiene la acusación contra otros seis trabajadores de los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Mieres y la Universidad.

El centenar de testigos que declararon han propiciado que la fiscal reconsidere su relato en dos puntos. Ahora admite la posibilidad de que Igrafo y APSA emitieran facturas falsas a petición de diversos funcionarios y responsables de la administración, para que así éstos pudieran cumplir con su objetivo de agotar el presupuesto público que tenían asignado. El encaje jurídico de este hecho es algo que quedaría a merced de Javier Domínguez Begega, Ana Álvarez Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez Santocildes, los magistrados que elaborarán la sentencia.

Rodríguez modificará su relato en un punto que favorece a Ernesto Iglesias, el hijo del exconsejero. Antes del juicio creía se benefició de dos máquinas de sondeos que APSA compró para él sin reclamarle un euro. Varios testigos han relatado que esa deuda fue reconocida por el hijo del consejero, que firmó un plan de devolución, y que al final APSA recuperó parte del dinero revendiendo la máquina a una empresa de Sudamérica.

Entre las rectificaciones que permite el juicio las hay también contrarias a los acusados. En la escaleta de escuchas que se reproducirán el miércoles en la sala han sido incluidas las primeras conversaciones que la Policía grabó entre Iglesias Riopedre y Víctor Muñiz. Por aquel entonces los agentes seguían los pasos del empresario porque tenían sospechas de sus tratos con Renedo y estimaron que estas charlas con el consejero carecían de interés para la investigación, por lo que las dejaron sin transcribir.

«Hostia, 7.000 euros es poco»

La primera que pasó desapercibida muestra al consejero indicando a uno de los principales proveedores de Educación que «hay un problema ahí; el problema es que Antonio le dijo a Ernesto que le va a pagar 7.000 euros por sondeo más IVA. Hostia, eso es poco. ¿Vosotros cobráis 28.000 euros, no?». Muñiz capta el mensaje y se compromete a revisar las tarifas de la operación y volver a tratar el asunto personalmente con su interlocutor. En la siguiente Iglesias Riopedre dice lo siguiente: «Estoy aquí en Bruselas, en el piso 18 del hotel Hilton; me invitaron a dar un rollo muy interesante; la verdad es que fue la empresa Smart la que me invitó». Luego le pregunta a Muñiz si él es el representante de Smart porque «voy a ver si hacemos un convenio con ellos y con Telefónica». Gracias a ese dato, lo siguiente que hará el socio de Igrafo es hablar con su gente y asegurarse de tener el material de Smart homologado para el Principado.

En otra conversación telefónica es el empresario el que expone al consejero que para avanzar una obra necesita un permiso del ayuntamiento; Iglesias Riopedre media y en la siguiente charla le informa de que ya tiene prevenido al consistorio para agilizar la licencia.

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