El Comercio

Veinte investigados por fraude en ayudas por falsos ataques de lobos a ganado

  • Detectan a 11 guardas del medio rural que participaron en la certificación de los daños "de forma fraudulenta"

La Guardia Civil investiga a veinte personas que reclamaban subvenciones por daños producidos al ganado supuestamente por ataques de lobos, muchos de ellos inexistentes, entre las que se encuentran once componente del Servicio de Guardería del Principado de Asturias.

Se estima que podían haber sido percibidos ilegalmente más de doscientos mil euros y a los implicados se les imputa delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Se trata de operación Skol iniciada a raíz de la denominada Loki desarrollada en 2014 en la que se investigaron cientos de expedientes tramitados por el Gobierno regional de Asturias en relación a supuestos daños producidos por lobos en la cabaña ganadera del Principado.

Dicha investigación determinó que en muchos casos los daños no habían existido y que además se había solicitado el resarcimiento de los mismos por doble vía, por una parte a través de la correspondiente indemnización al seguro y por otra por subvenciones del Principado.

Los agentes detectaron varias irregularidades que podrían atribuirse a la participación de personal de la Administración, lo que determinó que se llevara a cabo una vigilancia más exhaustiva de estas actividades, dando lugar a la operación Skol.

La línea principal de investigación se centró en las reclamaciones que algunos ganaderos presentaban para obtener una subvención que cubriese los daños sufridos por sus animales supuestamente debidos a ataques de lobos.

La casuística era mu variada, desde la inexistencia de ataques reales hasta la presentación de un animal con indicios de heridas producidas por lobos pero colocando junto a él restos de otros animales que habían fallecido tiempo atrás.

Para hacer efectiva esa reclamación era imprescindible que un guarda de la comunidad autónoma certificase los daños y se detectaron hasta once componentes del Servicio de Guardería que lo hicieron de forma fraudulenta.

Durante la comprobación de los distintos expedientes se constataron irregularidades que resultaron decisivas para la investigación.

Algunas de ellas consistían en modificaciones posteriores de una foto de tal forma que en unos expedientes aparecía invertida y en otros se cambiaba el encuadre recortando los laterales en proporciones diferentes.

Otros expedientes contenían fotos con el supuesto ataque a varios animales, llamando la atención de los investigadores que uno mostraba signos de una muerte reciente mientras que alrededor aparecían huesos secos y pieles oscurecidas por haber permanecido un tiempo a la intemperie.

De esta forma los agentes concluyeron que se trataba de una línea de conducta que buscaba la obtención fácil de beneficios económicos y comprobaron que las reclamaciones irregulares se ampliaron a otros ámbitos en los que ya no era necesario justificar los daños supuestamente ocasionados por el lobo.

Aunque es difícil determinar el alcance real que en término económicos puede haber alcanzado la estafa, se estima que podían haber sido percibidos ilegalmente más de doscientos mil euros.

La Guardia Civil comenta que independientemente de la influencia que pueda tener el volumen de daños que se atribuyen a los lobos a la hora de adoptar decisiones sobre el mantenimiento de su población, la situación puede haber influido en generar un ambiente de rechazo de la presencia de esa especie, atribuyéndole la comisión de diferentes ataques al ganado que sin embargo no han tenido lugar.

La reciente aparición de cabezas de lobos colgadas en diferentes puntos de la geografía asturiana podría ser un reflejo de esa "criminalización" del lobo, advierte.

Aclara que la investigación no implica que las subvenciones o los sistema de tramitación de las reclamaciones de daños comporten deficiencias legales sino que se ha constatado que en un porcentaje reducido las personas que han intervenido en el proceso no lo han hecho correctamente.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.