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Renedo y Muñiz acusan al Principado de actuar «como una dictadura»

Renedo y Muñiz acusan al Principado de actuar «como una dictadura»

«Se sacrifica a personas a la cárcel para ocultar sus propios errores», alega el abogado de Igrafo. «Hay que investigarlo por obstrucción a la Justicia», afirma el de la funcionaria

RAMÓN MUÑIZ

Jueves, 28 de julio 2016, 02:18

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Culpables de alguna minucia y víctimas de un complot orquestado por el Principado para ocultarle la verdad a los ciudadanos, «como en una dictadura». Así es como ayer presentaron a sus clientes los abogados defensores de la funcionaria Marta Renedo y el empresario Víctor Manuel Muñiz, protagonistas de la presunta trama de corrupción del 'caso Renedo'. Los últimos días del proceso, reservados para que cada parte presente sus conclusiones, se transforman así en un intento de descargar todas las sospechas en la Administración y los defectos de la investigación.

El más combativo fue José Carlos García, abogado de la funcionaria, quien solicitó a la Audiencia Provincial que investigue al Principado «por obstrucción a la Justicia y desobediencia». «Hemos pedido desde hace cuatro años los expedientes originales cuya falsedad se imputa a mi clienta, pero no aparecen; o no los aportaron, o los han robado, o los han destruido, y sobre ello piden muchos años de cárcel a Renedo». Entre la documentación que sí fue incluida, observa contradicciones: «Los expedientes que dio Alberto Pérez Cueto no coinciden con la copia que tenía el Principado, le pusieron típex, escribieron encima; es una vergüenza».

García recordó cómo al inicio de la investigación la policía grabó las conversaciones entre Renedo y su primer abogado, cintas de las que la propia Audiencia se ha visto obligada a prescindir para preservar el derecho de los acusados a la privacidad en este tipo de charlas. «Hay que deducir testimonio contra la jueza de instrucción» que autorizó esos 'pinchazos', advirtió. Aquellas grabaciones iniciales «son como una metástasis» que invalida los hallazgos posteriores, dijo.

Las escuchas muestran a Renedo asumiendo que lo que hizo fue «una chorizada», organizándose para confesar ante el fiscal y la magistrada-juez Ana López Pandiella y devolver el dinero. La instructora rechazó esa vía entonces y luego fue el propio Principado quien la obstaculizó, al decir de García. «Durante año y medio negociamos con las acusaciones, porque todo español tiene derecho a negociar un acuerdo de conformidad, pero aquí se le negó a Marta ese derecho por una razón política; es una vergüeza que por la pelea política del Principado y Podemos nos comamos cuatro meses de juicio. Cuando la interferencia del poder político es tan fuerte estamos en una dictadura».

Para devolver los fondos, Renedo ofreció un piso en el centro de Oviedo que estaba hipotecado. «Se compró por 400.000 euros más IVA y el Principado ha preferido que se ejecute la hipoteca a recibirlo; lo tendrá que justificar ante sus electores».

Como delito, el representante de la funcionaria admitió un cohecho impropio, por el dinero que a la cuenta de Renedo llegó desde las abiertas en Bankinter a nombre de Azucena V. y Severina B. Eso sí, negó que fuera su cliente quien las controlaba usurpando la identidad de ambas mujeres: «Mi teoría es que hay un montón de cuentas abiertas en el Principado que se usan para sus regalitos, desvíos y manejos», sugirió.

El beneficio de la verdad

Renedo y Muñiz están unidos a los 198.003 euros que Cultura pagó a Igrafo por amueblar el inexistente centro cultural de Belén de la Montaña. Las defensas aducen que el dinero liquidó trabajos que la empresa sí hizo en la biblioteca de El Fontán, pero cuyo expediente no aparece, como se encargó en recordar el abogado del empresario, Miguel Valdés-Hevia: «Ana Rosa Migoya felicitó a Igrafo y dijo que el expediente debería existir, Carlos Madera admite que se gastó 800.000 euros y no entiende por qué no hay expediente. Es una indecencia; se sacrifica a personas a la cárcel para ocultar la verdad, sus errores, cuando lo que beneficiaría al ciudadano es saber la verdad».

«Una administración seria no puede tapar sus propios agujeros reclamando a estos señores más años de prisión», afeó. Valdés-Hevia expuso que la Administración tramita el 38% de sus compras de muebles en diciembre, estrategia que aplica para agotar su presupuesto. «El sistema está hecho para castigar al buen gestor, al que gasta 100 en vez de 50, porque si gastas 50 el año que viene te bajan el presupuesto a esa cantidad», indicó.

Parte de las acusaciones se basan en unas facturas incautadas en Igrafo financiando regalos y que iban autorizadas por una firma; los agentes se la atribuyeron al empresario «pero no se hizo pericial caligráfica para corroborarlo». Según el abogado, Muñiz en realidad «se ponía el mono y coordinaba al electricista con el carpintero», carecía de despacho, «trabajaba doce horas diarias, sin vacaciones, desde los trece años, y merece un respeto por la riqueza y empleo generado». Entre el sumario principal y los delitos a la Agencia Tributaria, se expone a diecisiete años de prisión «cuando los de Afinsa se han llevado doce; hay aquí una desproporción en las penas». El letrado anticipó que en caso de condena, recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

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