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Opositores de Orientación Educativa aguardan a ser atendidos por personal de Educación.
Una exconcejala de Cudillero inhabilitada logra plaza  en el colegio de Las Vegas

Una exconcejala de Cudillero inhabilitada logra plaza en el colegio de Las Vegas

El Tribunal Supremo ratificó en marzo la sentencia que aparta a María Verena Prendes de empleo o cargo público durante tres años

LUCÍA RAMOS

Jueves, 25 de agosto 2016, 01:54

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Más leña al fuego en las adjudicaciones de plazas de funcionarios en prácticas de la Consejería de Educación. Al cabreo monumental de los opositores de la especialidad de Orientación Educativa, que vieron en las últimas semanas cómo sus destinos eran adjudicados sin tener en cuenta las notas obtenidas por cada uno, se sumaba ayer el conocimiento de que una expolítica inhabilitada por una sentencia judicial para ocupar un cargo o empleo público durante tres años acababa de hacerse con una plaza de orientadora en el colegio público de Las Vegas, en Corvera.

Se trata de María Verena Prendes García, exedil de Comercio e Industria de Cudillero. Fue condenada el 19 de marzo de 2015 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a pagar una multa de 3.600 euros y quedar apartada de empleo o cargo público durante tres años por un delito de exacciones ilegales. El tribunal consideró probado que el Ayuntamiento, al frente del cual estaba el socialista Francisco González, cobró una tasa irregular a varios chiringuitos del puerto pixueto para pagar el servicio extraordinario de vigilancia nocturna de la Policía Local. Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo el 31 de marzo de 2016, momento en el que comenzó a contar el tiempo de suspensión.

Sin embargo, y según recoge el Boletín Oficial del Principado de Asturias del pasado 10 de agosto, Prendes superó, con una puntuación de 7.6327, las fases de oposición y concurso en los procedimientos selectivos para ingresar en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado, en la especialidad de Orientación Educativa. Asimismo, y según consta en la relación definitiva de destinos adjudicados a funcionarios de carrera y en prácticas para el curso 2016-2017, hecha pública por la propia consejería el pasado 27 de julio, Prendes habría logrado una plaza en el colegio público de Las Vegas.

La noticia no sentó nada bien entre el resto de opositores, muchos de los cuales recordaron que quienes aprueban una oposición deben firmar «una declaración jurada y otra de responsabilidad de que no han sido apartados de la Administración Pública». Los contratos definitivos no se firmarán hasta la próxima semana. «Quizás sea entonces cuando Educación reaccione y no la deje seguir adelante», aventuraban.

Readjudicación de destinos

También ayer, un grupo de opositores de la especialidad de Orientación Educativa se presentó en la Consejería de Sanidad para mantener una reunión con el director general de Personal Docente y Planificación Educativa, Roberto Suárez Malagón, a quien reiteraron su petición de que se lleve a cabo una readjudicación de los destinos para subsanar los errores presentes en la relación hecha pública el pasado 27 de julio. «Estamos hablando de gente que trabajó y estudió mucho para poder obtener una buena puntuación y así elegir el destino que prefería. A cambio vieron cómo éste era adjudicado a opositores situados en puestos inferiores debido, según indican desde Educación, a un error informático», explicaba por la tarde a EL COMERCIO Margarita Trasancos, de Suatea. El resultado de la reunión no fue el deseado pues Suárez Malagón «se limitó a dar largas a los presentes y a prometer que mañana -por hoy- tendrían una respuesta».

Durante la reunión, criticó Trasancos, no se le permitió estar presente como representante sindical, pero sí tuvo oportunidad, más tarde, de plantearle la situación al propio Genaro Alonso, consejero del ramo. «Se comprometió a estudiar los casos pero me indicó que llevar a cabo la readjudicación iba a ser complicado al ser los destinos ya oficiales», relató. Unas excusas, agregó, que ni a ella ni a los opositores les convencen, pues «cuando una administración comete errores tiene poder para enmendarlos de oficio y, en este caso, se trata de 46 plazas, no es un número demasiado alto. Además, todo el colectivo, incluso quienes sí obtuvieron un destino satisfactorio, firmó un escrito en el que se muestran favorables a hacer una readjudicación que sí sea justa», aseveró.

La cosa tampoco pinta bien para los profesores interinos, quienes no dejan de señalar los errores cometidos por Educación que les perjudican. Desde méritos y notas anteriores que no se tienen en cuenta, y que hacen bajar puestos a los afectados, a fallos cometidos directamente en la propia convocatoria. Hay, por ejemplo, centros en los que se publicaron plazas para profesores técnicos de Formación Profesional en la especialidad de Servicios a la Comunidad adscritas al cuerpo de Primaria, cuando pertenecen al de Secundaria, según señalaba ayer Trasancos. Un error que obliga a los profesores de Secundaria interesados en ese destino a solicitar otro que no les viene bien para no quedarse sin plaza. «Para cuando se solvente el error y se saque una segunda convocatoria, estas personas ya no podrán presentarse a la misma», señaló la representante sindical, quien recalca que estos problemas «se repiten año tras año» y acusa a la consejería de «maltratar» al personal docente.

«Un acuerdo ilegal»

Por otra parte, el diputado autonómico popular Matías Rodríguez Feito anunciaba ayer la intención de su grupo de presentar una proposición no de ley en la Junta General en relación a las plazas de docentes con discapacidad. Lo hacía tras mantener una reunión con miembros de la asociación Maestros Capacitados, cuyo presidente, Daniel Alonso, recordaba que el decreto 6/2012, que regula el acceso a la función pública de las personas con discapacidad, recoge que se les debe reservar entre un 7% y un 10% de las plazas. Asimismo, se deben realizar listas específicas.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el Principado y los sindicatos únicamente obliga a guardar ese 7% en aquellas especialidades en las que se han convocado oposiciones. «Es un acuerdo ilegal que nos perjudica a todos los niveles», lamentó Alonso. «No entendemos por qué hay que ir a otro juicio para que se ejecuten las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias», manifestó.

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