El Comercio

El Principado declara un suelo contaminado, pero tiene identificados otros once

Ruinas de la planta de Química Alba, ubicada en el concejo de Llanera y que provocó la contaminación del suelo por hidrocarburos.

Ruinas de la planta de Química Alba, ubicada en el concejo de Llanera y que provocó la contaminación del suelo por hidrocarburos. / L. FLÓREZ

  • Se trata de los terrenos de la Química Alba, en Llanera, para el que ya se aprobó en 2007 un plan de descontaminación que su propietario llevó a cabo

El Gobierno del Principado de Asturias solo ha declarado como suelo contaminado un emplazamiento en toda la región. Se trata de la parcela de Química Alba, en La Venta del Gallo, en Llanera. Según informa la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se catalogó el terreno como suelo contaminado por hidrocarburos por resolución de 3 de diciembre de 2007. En el mismo edicto se aprobó un plan de descontaminación «que su propietario llevó a cabo».

En cumplimiento de la ley de residuos de 1998 -ya derogada y sustituida por la de residuos y suelos contaminados de 2011-, la Administración regional procedió a la caracterización de diversos emplazamientos, estableciendo el grado de contaminación existente en cada uno de ellos. Como resultado de los trabajos se seleccionaron doce emplazamientos, todos ellos lugares abandonados, en los que se estimó necesaria la aplicación de medidas prioritarias encaminadas a alcanzar la recuperación ambiental.

La mayor parte de estos terrenos corresponden a espacios en los que se han realizado actividades extractivas de minería metálica de mercurio y cobre, si bien en algunos casos la parcela también se usó para el tratamiento de minerales. El resto de los lugares señalados coinciden con instalaciones industriales. Además del lugar ya indicado en Llanera, se han identificado once emplazamientos en Brañalamosa, Maramuñiz y Soterraña, en el municipio de Lena; Caunedo, en Somiedo; El Rucio, Terronal y Los Rueldos, en Mieres; Olicio, en Cangas de Onís; Texeo, en Riosa, y terrenos de Felguera Melt y Nitrastur, en Langreo. Todas estas parcelas tienen iniciado expediente para su declaración como suelos contaminados, si finalmente procede. La Administración requerirá al titular de la actividad o, en su caso, al titular del suelo, la presentación de los correspondientes estudios de riesgos.

Ley de residuos

La ley de residuos y suelos contaminados obliga a las comunidades autónomas a elaborar un inventario con los suelos declarados como contaminados. Deberá contener información sobre su emplazamiento, causantes de la contaminación, poseedores y propietarios del suelo contaminado, superficie afectada, actividades contaminantes que se desarrollen o se hayan desarrollado sobre el terreno, contaminantes presentes y fecha de la declaración de suelo contaminado. En lo que respecta a los planes de recuperación ambiental, el inventario deberá detallar quiénes son los obligados principal y subsidiarios a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza, recuperación o contención, los plazos en que se debe llevar a cabo la descontaminación, limpieza o recuperación, el coste del tratamiento, el coste y duración de la fase de vigilancia y control, y cualquier otra mención de interés que se establezca. A partir de los datos remitidos por las administraciones autonómicas el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elabora su propio inventario estatal. Las comunidades autónomas también deben elaborar una lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de suelos, en función del riesgo que suponga la contaminación para la salud humana y el medio ambiente.

Los responsables de realizar las labores de descontaminación y recuperación establecidas por esta ley son los propios causantes de la contaminación. Si fueran varios actuarían de forma solidaria o, subsidiariamente, primero los propietarios del suelo y después los poseedores del mismo.

Hace unos meses el Principado ejecutó una sentencia de 1999 que ordenaba retirar una montaña de cal abandonada en una parcela de La Bérvola, en el concejo de Llanera. Aunque la tarea correspondía a la empresa Epa-Calprin, que había sido condenada además a 1,2 millones de euros de multa, el auto judicial en el que ordenaba la limpieza de estos suelos estableció que, para evitar un riesgo grave de contaminación, el Principado se haría cargo de la retirada de las 8.300 toneladas de hidróxido de calcio amontonadas en ese lugar y posteriormente trasladaría los costes al empresario. Fueron necesarios varios requerimientos de la Fiscalía para que se hiciese cumplir la orden del juzgado de lo Penal dictada 17 años antes.