El Comercio

El Principado confía en que las nubes de carbón «sean historia en un año»

  • Abre otro expediente sancionador tras el episodio del pasado día 19, aunque reconoce que los operadores ya trabajan con más cautela

El problema de las nubes de carbón que se levantan en El Musel «se puede resolver y con las medidas que se están implementando ya en seis meses, máximo un año, debería ser cosa del pasado». Así lo confirmó a EL COMERCIO Elena Marañón, directora general de Prevención y Calidad Ambiental del Principado. Su reflexión llega después de que la Autoridad Portuaria adjudicara en 277.777 euros y 105 días de obra la colocación de una barrera de 200 metros de longitud y 10,8 de alto en la explanada de Aboño. «Yo creo que la pantalla nos va a ayudar bastante, va a cortar mucho de lo que ahora ha motivado quejas en los vecinos de la zona», considera la directiva de la Consejería de Medio Ambiente.

Otra medida a la que confía gran potencial es la implantación del riego automático en la explanada. «Es muy importante porque a veces hemos comprobado que están regando, pero no cubren la zona adecuada por una cuestión de que cuesta formar y concienciar al propio operario», expone.

Marañón asume que este problema «antes todo el mundo lo asumía, con el movimiento de carbones, clinker, sulfatos, o blenda, no es que no existiera, es que no se le daba la importancia que se le da ahora, cuando no se pasa ya ni una». Coincide la directora general en que en todo caso «no se tienen que producir nubes, pero voy más allá, es que tampoco deben haber emisiones, con o sin viento».

Para predicar con ejemplo, Prevención y Calidad Ambiental ha elevado a la Secretaría General Técnica de la consejería una propuesta de sanción por el episodio ocurrido el pasado 19 de agosto. «No llegó a ser una nube; sé que pararon más de una vez porque descargaban un carbón colombiano, muy fino, había viento, y no se esparció mucho por los alrededores, pero en estos casos hay que extremar la preocupación y, además de parar, cuidar la manipulación, cómo se descarga y cómo se deposita el granel».

Como medida más general su departamento está corrigiendo las autorizaciones a los operadores portuarios de la estiba y desestiba. «Estamos a punto de sacar la modificación, a lo mejor la que había ahora era muy compleja y a los operadores se les hacía muy difícil; lo que hemos hecho es ir a la simplificación y a estructurar muy bien cómo hacer las operaciones en función del tipo de granel», explica.

El antecedente a este trabajo fue el manual de mejores prácticas en el manejo de graneles, «que es fácil de entender, que dice que tienes que humectar siempre que puedas para evitar emisiones de polvo, y que si estás descargando con la cuchara, no puedes soltar el material a dos metros del acopio, has de arrimarla y dejarla caer lo más cerca del sólido depositado». El protocolo incluye que «las cintas transportadoras estén capotadas, en todos los laterales, y que se echen sellantes, tensioactivos, costrantes». La catedrática en Tecnologías del Medio Ambiente matiza que «hay algún material muy concreto que no lo puedes regar porque perjudica a la calidad, pero en general sí se puede hacer».

La especialista confía en que en las reuniones mantenidas con la Autoridad Portuaria y los operadores se abrieron espacios para la negociación del asunto: «A veces se les pone una medida muy rigurosa, y vienen a explicarte los motivos por los que no la pueden cumplir, para que pensemos en otra alternativa». Cita como ejemplo la propuesta para que el riego se hiciera ya antes de sacar el granel del barco. «El armador no les deja meter agua dentro, y se buscan alternativas».

Sobre esas buenas prácticas, las autorizaciones incluirán medidas adicionales, como asumir que la descarga debe parar si hay ráfagas de viento muy fuertes. «No queda otra; la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera, y a algunos les cuesta más y otros menos, pero todos tienen que ver nos metemos en un lío de contaminación y presión social», anima.

«Ir y presionar»

La directora general observa en la Autoridad Portuaria un socio imprescindible en la materia, con una posición complicada. «Tiene un departamento de Medio Ambiente y si está viendo un operador que no hace las cosas adecuadas, tiene policía de vigilancia, tiene que ir y presionar. Es su responsabilidad y me consta que lo hacen», señala. «También lo es vigilar que se mantengan limpias las zonas de acopio», agrega. Con todo el negocio de El Musel «son sus operadores, y tiene que lidiar con ellos», reconoce Marañón.

En una entrevista con este periódico, la directora general recordó que el miércoles concluyó el plazo para alegar al proyecto de las baterías de coque de Arcelor, recibiéndose por ahora nueve observaciones. Marañón anotó que el proceso está aún en una primera fase, y que iba a someter a la multinacional a un proceso de evaluación ambiental integrada. «Necesitamos más datos. Queremos ver cómo lavan los gases y los limpian antes de la quema; con esto no podemos decidir nada», aclaró.