El Comercio

'Caso Gitpa', entre la corrupción y la nada

  • La comisión de investigación inicia hoy 55 interrogatorios para aclarar lo sucedido

  • El Principado denunció ante fiscalía unos indicios de prevaricación y fraude a los que la instrucción judicial está encontrando otra posible explicación

Comienzan hoy las comparecencias de la comisión de investigación del 'caso Gitpa', asunto que el Principado denunció a la Fiscalía en noviembre de 2014 tras considerar que había encontrado posibles indicios de prevaricación y fraude en fondos públicos. El asunto es complejo, al punto de que la investigación judicial abierta a finales de 2015 está encontrando explicaciones distintas para los mismos hechos. De momento están en calidad de investigados los dos últimos directores gerentes de la empresa pública Gitpa y dos de sus adjudicatarios.

Los escritos presentados por la Consejería de Economía aseguraban por ejemplo que para la extensión de la fibra óptica mediante una red troncal en el Occidente su departamento abonó seis millones a Gitpa, sociedad que preside el propio consejero. Las obras se ejecutaron en 2009 y 2010, el cable está operativo, pero al revisar el expediente, el servicio de Telecomunicaciones encontró que «la explotación de ese tramo estaría sujeta a un canon en concepto de derechos de paso a abonar a Feve, por cuyo dominio discurre el tendido». La jefa del servicio estima que esta solución desbordó los límites de la encomienda realizada al Gitpa, y que como consecuencia de ello «el Principado no es titular de la obra abonada». «Habiendo sido esta infraestructura construida sobre dominio público ferroviario, se lastra el ejercicio de dicha titularidad por la existencia de un canon permanente no declarado por la mera 'ocupación de terrenos'», agrega.

Cuestión legal

Las defensas oponen otra tesis y recuerdan que la encomienda elaborada por la consejería especificaba que «la ejecución se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones de la ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones». El artículo 26.1 de la citada norma señala que los operadores del cable «tendrán derecho (...) a la ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas»; añade a continuación que la ocupación de la propiedad privada se realizará «cuando resulte estrictamente necesaria (...) y siempre que no existan otras alternativas económicamente viables».

Es decir, la propia legislación aludida en la encomienda ordenaba extender el cable hacia el Occidente aprovechando alguna infraestructura pública, caso de haberla. En la licitación se dio libertad a los aspirantes para escoger la que estimaran más útil, proponiendo las dos únicas empresas que concurrieron aprovechar las vías de Feve para canalizar a su lado. El pliego obligaba a los constructores a asegurarse por su cuenta de tener disponibles los terrenos para la obra. Aplicando el convenio tipo y las tarifas autorizadas por su servicio jurídico, Feve firmó una «cesión de derechos de ocupación del dominio público ferroviario a favor de la administraciones del Principado de Asturias». El documento remarca que la instalación, la troncal occidental, «está promovida y será propiedad de la Administración Pública», y otorga al Principado de Asturias «el derecho de ocupación indefinido» de los terrenos donde se practique la canalización.

Los ofertantes solicitaron a Gitpa aclaración sobre por cuánto tiempo debían dejar pagado el canon de paso, contestándole que como mínimo quince años, plazo usual para amortizar una obra. En consecuencia Comfica pagó la tasa por ese periodo, quedando la compensación posterior a expensas de lo que negocien «Feve y el Principado». En puridad, la Administración nunca pagaría directamente ese canon, pues la Ley de Telecomunicaciones le impide la explotación de la red; sería pues la empresa a la que delegue la operativa y con las tarifas límite que supervise la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Los propios estatutos firmados por el entonces consejero Jaime Rabanal en 2006 y que crearon Gitpa, abren la puerta a esta solución, al fijar entre sus objetos el de «negociar con los diferentes agentes del mercado intercambios de derechos de uso, de paso o redes». La propia consejería tuvo en cuenta el coste de los derechos de paso a la hora de calcular el importe de la encomienda.

La cuestión de los derechos de paso será una de las primeras etapas que aborde ahora la comisión de investigación. Para ello tiene hoy citados a declarar a trabajadores de Comfica, la empresa que hizo de director de obra, Aggaros Serveis, un exdirector de Feve y la empresa que extendió la red hacia el Oriente.