El Comercio

Feve asegura que el Principado negoció el convenio de Gitpa que ahora denuncia

Pere Alemany.
Pere Alemany. / M. R.
  • «Tuve alguna reunión con el viceconsejero Iturrioz», declara un directivo del operador ferroviario y añade que el canon se cobra en otras regiones

Un día ha bastado a la comisión de investigación del 'caso Gitpa' para comprobar que el Principado tiene muchas caras. En la denuncia presentada ante Fiscalía, comunica que pagó seis millones a su empresa pública Gitpa para que extendiera la red de cable por el Occidente, pero que «el Principado no es titular de la obra abonada». Asegura el escrito elaborado desde la Consejería de Economía que el tendido se hizo en terrenos de Feve y que, con sorpresa, había descubierto que hay que pagarle un canon que «lastra el ejercicio de dicha titularidad».

Lo cierto es que Feve expidió en enero de 2010 un documento de cesión de derechos de ocupación que señala que la instalación «está promovida y será propiedad de la Administración Pública» y concede al Principado «el derecho de ocupación indefinido». El asunto era conocido por el propio Ejecutivo regional, según uno de los comparecientes. «Yo mantuve alguna reunión al respecto con el viceconsejero Luis Iturrioz y el gerente de Gitpa», recordó ayer Ignacio González Arrate, exdirector de la división de Patrimonio de la extinta Feve. «Se hicieron las gestiones porque era legal, y seguramente la única forma de llevar el cable al Occidente», agregó.

González Arrate especificó que precisamente la extensión del cable de telecomunicación es una de las escasas opciones que da la Ley del Sector Ferroviario para abrir una zanja en el dominio de la empresa. «Lo autoriza, lo contempla, y procede establecer un canon compensatorio por ello», dijo. El especialista pasó 22 años en Feve y «en todos los casos en los que estuve, en todas las comunidades, el derecho de paso se da con compensación económica», detalló.

«No sé si se lo comió»

El precio fijado fue de 28 céntimos por metro cuadrado para compensar los primeros quince años, lo que sumó 1,7 millones que tuvo que abonar Comfica, el adjudicatario de la obra. «Yo no sé si se lo comió con patatas o luego lo repercutió», excusó el exdirectivo.

La denuncia cursada a Fiscalía reprocha que la asistencia técnica de la obra la hizo Aggaros, por adjudicación de marzo de 2010, y que su firma aparece validando una certificación del contratista de 26 de febrero por 424.895 euros y otra de 31 de marzo por 897.230 euros. «Es un descontrol, trabajaban antes de que les dieran el contrato», reprochó el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

Pere Alemany, socio director de Aggaros, una de sus colaboradoras y dos trabajadores de Comfica replicaron recordando el pliego de condiciones de la asistencia técnica. Las bases están fechadas el 22 de enero de 2010 y solicitan al contratista que revise cinco obras, algunas de ellas con orden de inicio el 22 de septiembre de 2009. Es decir, la supervisión comenzaba con parte de la obra hecha y sus propuestas de certificación avanzadas. Alemany señaló que el caso «es habitual, son certificaciones parciales, que luego se consolidan o corrigen en la certificación final; la ley permite de hecho certificar toda la obra el primer día o el último, siempre que luego se haga el ajuste».

Lorena Gil, por parte de Podemos, y Cuervas-Mons, desde el PP, recordaron un informe de la Sindicatura de Cuentas que reprochó a Gitpa haber formalizado la mayoría de estos encargos por procedimientos negociados «en los que no hay acta de negociación ni se obtuvieron ventajas de ella».