El Comercio

Economía desmonta dos años después su denuncia contra Gitpa

Comisión de investigación del Gitpa, iniciada esta semana.
Comisión de investigación del Gitpa, iniciada esta semana. / M. ROJAS
  • Presentó un informe en 2014 sugiriendo que hubo malversación en una obra y ahora afirma que en realidad pagó menos de lo que costaba

El 28 de noviembre de 2014 la Consejería de Economía y Empleo remitió a la Fiscalía un escrito asegurando que, al revisar el expediente de la obra que llevó la fibra óptica al Occidente, había encontrado «la existencia de responsabilidades administrativas» que podrían ser «constitutivas de delito». De ellas responsabilizaba a Gitpa, una empresa pública que preside el propio consejero, y que se encargó de coordinar los trabajos. La gestión motivó la apertura de una instrucción penal por un supuesto delito de malversación, la destitución del director gerente de la empresa pública Gitpa, y una comisión de investigación que el miércoles inició una ronda con 55 comparecientes. Consecuencias graves para una denuncia que ahora queda en entredicho.

Forzada por la oposición, Economía encargó una auditoría de la obra, para calcular el tamaño del fraude. El primer intento hubo de suspenderlo, al reprocharle el parlamento que fuera la propia empresa Gitpa la que adjudicara el examen. La preparación de los pliegos y la contratación regresó a la consejería, que encomendó el asunto a Arroyo Norte. La ingeniería invirtió 331 horas de trabajo en supervisar 109,5 de los 119,5 kilómetros del tendido en discusión.

En junio, el contratista entregó dos borradores de informe, contradictorios, plagados de faltas ortográficas, sumas mal hechas y conceptos equivocados. Se decía por ejemplo que Gitpa había incumplido la Ley de Contratos con el Sector Público de 2001, cuando en dicha fecha lo que se aprobó fue un real decreto, la ley que regía era de 2007, y sus preceptos además regían para la administración pública, siendo Gitpa una empresa participada por ella pero que escapa a esta legislación. La Dirección General de Industria y Telecomunicaciones advirtió los errores cometidos, lo que motivó un nuevo informe definitivo visado el pasado día seis.

El trabajo concluye que al final, en la obra conocida como la troncal del occidente, el Principado entregó a Gitpa menos fondos de los que realmente costó la instalación. El desfase fue por tanto cubierto bien con fondos propios de la empresa pública, bien a base de forzar al contratista. «En términos globales, las mediciones realizadas reflejan, a precios de proyecto, un desfase de 201.671,28 euros certificados de menos respecto a lo realmente auditado en términos de proyecto de P. E. M.», refleja el dictamen, usando el acrónimo de presupuesto de ejecución material. A ese saldo hay que aplicarle el IVA y el beneficio industrial, lo que deja en 278.378,03 euros la obra realizada por la cual la consejería no pagó nada.

Saldo favorable

El examen confirma diferencias entre unidades de obra materializadas y certificadas, siempre con saldo favorable para el Principado. Un ejemplo: «De la partida 1 se han ejecutado 10.017,67 metros menos de los indicados en las certificaciones. De la partida 2 se han ejecutado 19.624 metros más (...) En global se han ejecutado 9.6333 metros de zanja más de lo reflejado en las certificaciones. Este exceso, supone a precios de proyecto, un importe de 300.258,3 euros abonado de menos».

La consejería ha remitido a la Junta General una auditoría que refuta su versión inicial, y que también entregará al Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo.

El gesto vuelve la mirada al fundamento del informe inicial y la gestión que del mismo hizo la consejería. Los escritos asegurando la existencia de irregularidades partieron de la jefa del servicio de Telecomunicaciones, con el apoyo de uno de sus ingenieros, y fueron asumidos por el entonces director general, la secretaría general técnica y, finalmente el consejero. Todos están citados a comparecer en la comisión.