El Comercio

El juez exigió tres veces a la consejería que devolviera al pequeño Juan a su madre

María José Abeng, en una imagen de Facebook.
María José Abeng, en una imagen de Facebook. / E. C.
  • María José Abeng interpuso una querella por desobediencia a la autoridad para desbloquear el regreso del niño al Principado

La Audiencia Provincial ordenó el pasado 10 de marzo que el pequeño Juan F., entregado en acogimiento preadoptivo por el Principado, debía regresar de inmediato con su madre biológica, María José Abeng. Los tres magistrados-jueces de la Sección Cuarta fueron más taxativos aún que la propia mujer. María José había propuesto que Noelia y Alberto, la pareja de valencianos que habían cuidado al pequeño durante dos años y medio, hicieran una «entrega progresiva», para que el cambio no resultara traumático. La sentencia impuso, en cambio, «la necesidad de no prolongar las situaciones de ruptura» y explicita que la «entrega se llevará a efecto de forma inmediata sin que la posible interposición de recursos suspenda la eficacia de la medida».

La resolución fue recurrida por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la Fiscalía de Menores y la familia de acogida ante el Tribunal Supremo, pero también se hicieron maniobras para impedir la propia ejecución de sentencia. En mayo María José Abeng lo solicita por primera vez, lo que motivó que el Juzgado de Primera Instancia número 7, encargado de la gestión, dictara un auto requiriendo a la consejería para que, antes de diez días, fijase el lugar y hora de la entrega. Cabe indicar que aunque el niño permanecía en Valencia, su tutela la seguía teniendo la Administración regional.

El Principado y la familia se opusieron de nuevo a la devolución, mientras que la Fiscalía esta vez, se mantuvo al margen. Las causas para impedir una ejecución de sentencia estaban tasadas y el magistrado no encontró que la historia incluyera ninguna de las excepciones que se exigen a la medida. El 15 de julio, por tanto, desestimó los recursos y, de nuevo, requirió a la consejería, otorgándole esta vez un plazo de tres días para que concretara la fecha y hora de una entrega que, se matiza, deberá sustanciarse antes de los diez días siguientes.

El plazo pasó sin que se cumpliera lo mandado. Fue el 27 de julio cuando para desbloquear la situación Nieves Ibáñez, letrada de la madre biológica, interpuso una querella contra la consejería por desobediencia a la autoridad judicial. El magistrado dictó ese mismo día providencia avisando de que si el niño no ha sido entregado antes del 8 de agosto se iniciarían diligencias penales contra la Administración.

Impelidos de esa forma, el 28 de julio la consejería informó al juez y a la madre de que hablaría con los acogedores para hacer una devolución progresiva, un periodo de acoplamiento que debía celebrarse en Valencia entre el 2 y el 8 de agosto, y al que la pareja no asistió. Con todo, un día después Servicios y Derechos Sociales hizo también un último intento, presentando una nueva demanda de privación de patria potestad contra María José. La fundó en la supuesta visita que la responsable del centro Los Pilares, en el que estuvo acogida y quedó encinta la madre biológica, recibió de un testigo al que no identifica y que le indicaba haber visto a la chica en un callejón de Oviedo, con signos de embriaguez, haber mantenido relaciones sexuales y señalándole que su pareja le da «mala vida».