El Comercio

Pilar Varela.
Pilar Varela. / M. ROJAS

Varela responde a María José Abeng que el sistema protege a 500 niños en la región

  • «Generar dudas y aportar informaciones sesgadas daña innecesariamente el sistema de protección de menores», asegura la consejera socialista

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha respondido con contundencia a la carta abierta escrita por María José Abeng y su abogada, Nieves Ibáñez, dirigida a las administraciones públicas en términos nada conciliadores. Frente a las críticas de la madre del pequeño Juan Francisco y su letrada hacia el papel de la consejería en el caso que les atañe, el departamento que dirige Pilar Varela defendió a capa y espada una red que permite «proteger a más de 500 menores» en la región.

A su juicio, «generar dudas, temores y aportar informaciones sesgadas, ocultar otras y enjuiciar irresponsablemente a todo un sistema público daña innecesariamente el sistema de protección de menores, lo que puede derivar en graves consecuencias sobre el trabajo cotidiano con menores y sus familias». En este sentido, Servicios Sociales recalcó que sus decisiones «estaban supervisadas y avaladas por la Fiscalía de Menores y el sistema judicial». La propia Varela apostilló que cumplen «todas y cada una de las sentencias».

Equipos multidisciplinares

Es más, aseguró, están bajo el control del «Letrado del Menor y la Comisión del Menor, que es un órgano colegiado integrado por profesionales de otras administraciones y de los servicios sociales». Asimismo, especificó que todas las resoluciones del sistema de protección de la infancia en Asturias «son propuestas y valoradas por equipos técnicos multidisciplinares» y están recogidos en expedientes de protección sometidos a la debida reserva. Así respondió la consejería a las críticas de la joven ovetense, de 19 años, que denunció que los servicios sociales no pueden seguir «sin sujeción a control judicial alguno, erigiéndose éstos como los más capacitados para decidir sobre los intereses de lo menores».

Para la madre del pequeño Juan Francisco y su abogada, el sistema actual les faculta para «hacer lo que quieren, como quieren y cuando quieren». Por su parte, Servicios Sociales respondió que «los principios que guían estas actuaciones están dirigidos prioritariamente a mantener a los menores en su núcleo familiar». En esta línea, los órganos especializados, apuntó, promueven acciones que busquen, sobre todo, apoyar a las familias y evitar su separación. Así las cosas, para el Principado la adopción «es la última medida del sistema y solo se llega a ella cuando se han agotado todas las intervenciones de apoyo a la familia y no existen otras alternativas». Este mismo procedimiento, subrayó la consejería, fue el que se siguió en el caso del pequeño Juan, de cuatro años, que vivió desde los 18 meses con una familia preadoptiva en Sueca (Valencia). Hasta que este mes fue devuelto a su madre biológica.

Amparo en la ley

«Todas las medidas se han adoptado con los citados controles, con el apoyo de la Fiscalía de Menores y amparadas en sentencias judiciales que se han cumplido escrupulosamente, como se seguirá haciendo con la actual sentencia firme, en la que al Principado le compete el apoyo y seguimiento del menor en su familia biológica», aseguró la consejería mediante un comunicado.

Varela no quiso realizar valoraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo que no admite los recursos de casación presentados por la Fiscalía, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y los padres preadoptivos. No obstante, indicó que el tribunal no entra en el fondo de la cuestión y que los esfuerzos de su departamento se centrarán en cumplir el fallo judicial, es decir, en llevar a cabo el seguimiento del pequeño Juan.