El Comercio

El Gobierno asturiano niega haber dado instrucciones políticas sobre auditoría de Gitpa

  • La diputada de Podemos Lorena Gil acusó ayer al Ejecutivo «presionar» a estas empresas para que los resultados le fueran «favorables»

El presidente de la comisión de investigación sobre la empresa pública de Telecomunicaciones (Gitpa), y diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha asegurado este miércoles, tras la primera tanda de comparecencias de la jornada, que las declaraciones de los asistentes evidencian que Gitpa contrató a la empresa encargada de hacer su auditoría.

En unas declaraciones remitidas por el partido, el parlamentario ha constatado que el PP "tenía razón" en las críticas respecto a la primera auditoría "con la que pretenden tapar la trama del cable". "A nadie con sentido común se le ocurre que la propia empresa investigada realice contratos para auto-auditarse", ha manifestado. Según Cuervas-Mons, hoy "se confirmó" que Gitpa "contrata casi encontrándose a la gente por la calle".

En este sentido ha asegurado que no salió a la luz que hubiese ninguna licitación ni oferta pública para ello, sino que fue el propio gerente quien la contrató. "Es una cuestión que se aleja de cualquier sentido común e invalida cualquier trabajo de auditoría, puesto que el hecho de que el propio auditado contrate la auditoría no tiene contestación alguna", ha dicho.

Una acusación «muy grave»

El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha negado que el Ejecutivo diera "en ningún caso" instrucciones "políticas" a las compañías encargadas de realizar la auditoría de la empresa pública de telecomunicaciones Gitpa, sometida a investigación en los tribunales y en la Junta General,

"Esa acusación es muy grave", ha advertido Martínez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno después de que la diputada de Podemos Lorena Gil acusara ayer al Ejecutivo "presionar" a dichas empresas para que los resultados le fueran "favorables".

Gil afirmó que las orientaciones transmitidas por la directora general de Industria, Sandra Velarde, a la empresa Arroyo Norte son "políticas" y van más allá de una mera petición de que se subsanaran algunos fallos como afirmó el Gobierno.

Según la parlamentaria morada, la empresa "no se plegó a todos los cambios" requeridos por el Principado y de ahí que su informe constate la existencia de irregularidades en la construcción de la red troncal occidental de fibra por la que Gitpa pagó a la empresa adjudicataria 5,45 millones por una obra que costaba 2,8 millones.