El Comercio

Interinos, en el IES Aramo, en las pasadas oposiciones.
Interinos, en el IES Aramo, en las pasadas oposiciones. / P. LORENZANA

La UE abre la puerta a que más de mil interinos cobren el plus de la evaluación docente

  • El respaldo a la demanda de ANPE puede suponer un coste anual de 1,8 millones para el Principado

Carlos Álvarez Santirso, profesor interino de Secundaria con más de dieciséis años de experiencia, decidió el año pasado presentarse al Plan de Evaluación de la Función Docente, esto es, aquel al que se pueden adherir los funcionarios de carrera con cinco años de antigüedad para valorar su trabajo y, una vez superado, cobrar un incentivo retributivo mensual (los maestros, 132 euros; los profesores de Secundaria, 206). Lo hizo asesorado por el abogado del sindicato ANPE, Agustín Martín de Diego, al considerar que la exclusión del colectivo interino supone una «flagrante discriminación». Su solicitud fue rechazada debido a su condición de interino.

Decidió seguir adelante y acudir a los tribunales. ANPE presentó en su nombre un recurso contra esta resolución en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, alegando la desigualdad retributiva entre funcionarios de carrera e interinos basada solamente en el carácter temporal del servicio que estos últimos prestan. Fundamentaba su rechazo a la resolución de la consejería en que contraviene la Ley Orgánica de Educación de 2006, en la que se indica que «a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación de profesorado», pero, alegaba ANPE, «sin establecer otro condicionante». Aludía también al acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. El magistrado titular del juzgado, Juan Carlos García López, reconoció albergar dudas respecto a la compatibilidad del Plan de Evaluación Docente con el acuerdo marco europeo. Éste, en su cláusula cuarta, establece que, en lo que respecta a las condiciones laborales, no podrá tratarse a los interinos de una manera menos favorable que a los fijos por el mero hecho de tener un contrato de una duración determinada.

Así que decidió consultar al Tribunal de Justicia Europeo y remitir una cuestión prejudicial, en la que indicaba que «los requisitos que se les exigen a los funcionarios en dicho plan (formación, dedicación al centro o al servicio educativo, y participación en la consecución de los objetivos colectivos) pueden ser cumplidos también por los interinos».

No encontraba elementos de índole objetiva para que se reserve solo a funcionarios, y añadía además que «esta evaluación positiva en nada va ligada a un sistema de ascenso o de progreso profesional, sino que se traduce única y exclusivamente en la obtención de un incentivo económico». A la espera, decidió suspender el procedimiento.

Ahora el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, se ha pronunciado y entiende que el plan de evaluación docente es contrario a dicho acuerdo europeo. Considera que los dos colectivos ejercen «funciones similares y están sometidos a obligaciones idénticas, en particular en lo que atañe a los criterios de evaluación aplicado al plan de evaluación», y concluye que «el único elemento diferenciador en la admisión en el plan es la temporalidad del servicio», algo, «que no es una razón objetiva». Tras este pronunciamiento, es de esperar que el magistrado titular del Juzgado Contencioso Número 1 de Oviedo dictamine a favor, con lo que el Principado tendría que abonarle el complemento desde el momento de la demanda. La importancia del auto y del fallo del juzgado ovetense es de gran importancia, pues determinará el devenir de demandas similares. No en vano, hay decenas presentadas por ANPE, lo que abre la puerta a que interinos en su misma situación, que presten servicio en Asturias y tengan cinco años de antigüedad, sigan los mismos pasos. Solo en el último Plan de Evaluación Docente, el del curso 2015-2016, 913 profesores interinos fueron excluidos por ser eventuales y, en función del auto del Tribunal de Justicia Europeo, podrían verse beneficiados en la próxima convocatoria. Pero podría haber muchos más, puesto que la adhesión al plan es voluntaria. Ciñéndose a esos 913 que quedaron fuera, ANPE estima que el pago de incentivos ascendería a 1,8 millones de euros anuales.

«Que el Principado acate»

Apunta, asimismo, que según recuerda el auto, «la cláusula cuarta del acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa para que los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un juez nacional». Para la central, «la sentencia era inevitable por la flagrante discriminación, como reconocían en los pasillos los responsables educativos. Ahora es momento de que la consejería acate el mandato judicial y no alargue el proceso, como acostumbran y como se intentó, en vano, en los procesos paralelos de trienios y sexenios». Según el presidente del sindicato en Asturias, Gumersindo Rodríguez, «la medida no tendría que ser gravosa para la Administración teniendo en cuenta que 2.000 profesores se han jubilado en los últimos cuatro años y dejan su evaluación docente».

ANPE firmó, junto con UGT, el Plan de Evaluación Docente, que entró en vigor en 2010. «Beneficiaba a 8.000 docentes, pero la Administración regional mostró una gran cerrazón respecto a los interinos», un aspecto que fue muy criticado por Suatea, CC OO y CSIF, que defendían una subida salarial para todo el profesorado. «Fue el arte de lo posible y en la gestión del plan y ante el Consejo Escolar del Principado hemos defendido su inclusión», detalla la central.