El Comercio

Más de 300 interinos de Educación y Sanidad tienen en marcha recursos por el plus salarial

  • El profesor que ha logrado que la UE avale el derecho de los eventuales a la evaluación docente urge su aplicación. «Era un agravio comparativo», dice

En Asturias hay decenas de casos como el de Carlos Álvarez Santirso, el profesor interino con más de dieciséis años de experiencia al que el Tribunal de Justicia Europea acaba de reconocer su derecho a participar en la evaluación docente y a cobrar el plus salarial en caso de superarla. El incentivo es de 132 euros mensuales para los maestros y de 206 para los profesores de Secundaria. ANPE, el sindicato que presentó en su nombre la demanda, tiene en marcha más de un centenar, por lo que el auto de la Justicia Europea abre la puerta a que sus representados y, en total, más de un millar de docentes en su misma situación (esto es, que acreditan cinco años de antigüedad en la enseñanza pública) puedan recibir ese incentivo por productividad.

Pero la falta de equiparación de los interinos con respecto al personal fijo no se reduce solo al ámbito educativo. También al médico. Así, el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) presentó el pasado mes de junio más de 200 recursos de alzada a la Consejería de Sanidad referentes a los casos individuales de facultativos interinos que cuentan con más de cinco años de antigüedad y no tienen acceso reconocido al nivel 1 de la carrera profesional. En su mismo caso, los fijos cobran 198 euros mensuales brutos. A punto de cumplirse los tres meses y dado el silencio administrativo, el sindicato médico ya está preparando los recursos para acudir a los tribunales. Según explica su presidente, Antonio Matador, con motivo de los recortes, la carrera profesional está congelada desde 2010, salvo el nivel 1, que se volvió a abrir. El proceso de este año fue convocado en junio.

Matador se manifestó ayer en la misma línea que el presidente del ANPE, Gumersindo Rodríguez, el martes. Éste indicaba que, con 2.000 profesores jubilados en los últimos cuatro años y que, por tanto, abandonan el plan de evaluación docente, el pago del incentivo a los profesores interinos (con un coste estimado de 1,8 millones de euros) no tiene que ser gravoso para la Administración regional.

Pagar con las jubilaciones

«Desde 2010, año en el que se paralizó la carrera profesional, se han jubilado 700 médicos del nivel cuatro (que cobran algo menos de 800 euros mensuales). Solo con su retirada, la consejería se ahorra al año más de ocho millones de euros al año, una cantidad con la que puede pagar a todos los profesionales del ámbito médico de nivel 1 y los interinos», apunta el presidente del Simpa.

De momento, la Administración calla, pero Antonio Matador recuerda que en solo nueve días «el Tribunal de Justicia Europeo ha vuelto a dejar claro que no se puede discriminar al colectivo interino por la temporalidad de su contrato». La semana pasada, la Justicia europea equiparaba las indemnizaciones por extinción de contrato de interinos y empleados fijos, y anteayer se conocía su pronunciamiento sobre el caso del profesor asturiano que, con más de dieciséis años de experiencia, fue excluido del Plan de Evaluación Docente de 2015, por primera vez, y en 2016, por segunda.

EL COMERCIO consiguió contactar ayer con él. «Sabía perfectamente que el plan se ofertaba para los funcionarios de carrera con cinco años de antigüedad, pero hacemos la misma labor y me parecía lícito que se me ofreciera la misma posibilidad». Carlos Álvarez Santirso, ovetense de 48 años y profesor de Educación Física, decidió dar el paso porque tanto él como ANPE, el sindicato al que está afiliado y que le ha asesorado en todo el proceso, consideraban que le asistía «el mismo argumento jurídico que permitió el reconocimiento al colectivo interino de los trienios y sexenios (100 horas de formación pedagógica cada seis años)».

Álvarez Santirso -que en estos tres lustros ha dado clase en «Cabrales, Llanes, Arriondas, Colombres, Gijón, Avilés..., y casi siempre cubriendo vacantes- acudió al proceso no solo porque consideraba la exclusión «un agravio comparativo», sino también porque cree que está igual de preparado que los funcionarios de carrera. «Dentro del Plan de Evaluación Docente se tienen en cuenta las actividades extraescolares y, en este punto, los profesores de Educación Física participamos activamente». Pero la Administración le impidió presentarse, algo que cree «totalmente injusto». Por eso, «convencido de que tenía todo el derecho del mundo a formar parte del proceso», decidió seguir por la vía judicial. «No me quedaba otra». ANPE presentó en su nombre la demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo y el magistrado titular, ante las dudas que le planteaba la compatibilidad del plan con el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, decidió consultar al Tribunal Europeo. El resultado ya es sabido. Concluye que funcionarios e interinos hacen la misma función y la única diferencia en la evaluación docente es la temporalidad del servicio que prestan los interinos.

«Me alegro en el alma»

Álvarez Santirso explica que en el plazo de un mes el juzgado ovetense tendrá que dictaminar. Como es de suponer, se espera que a favor, lo que abrirá la puerta para que los otros cien recursos presentados sigan el mismo camino. «Me alegra en el alma que sea así» y urge su aplicación. Su intención es volver a presentarse a la siguiente convocatoria y si la pasa, entonces tendrán que abonarle el plus desde junio de 2015, que fue cuando tuvo lugar la evaluación de aquel año y acudió por primera vez.

En el supuesto de que, a día de hoy, la aprobara, la Administración le tendría que abonar cerca de 2.500 euros. Con respecto al argumento que expuso la Administración de que sí hay razones objetivas para la exclusión (los funcionarios aprobaron las oposiciones; los interinos, no), Carlos concluye comparte el mérito de los funcionarios, pero «si lo que se quiere premiar es ese acceso más gravoso, el complemento no debería ser por productividad y bajo los criterios sobre los que se ha elaborado, sino que debería tener en cuenta solo esa supuesta diferencia de acceso».

SUATEA -muy crítica con el plan precisamente por esta exclusión- volvió a insistir en «la igualdad de derechos laborales y retributivos de los interinos», advirtió de que la «Ley de Evaluación puede cambiar de un año para otro con la excusa de la necesaria austeridad», y pidió su abolición y la apertura de una negociación retributiva que suponga «un incremento lineal de las remuneraciones, desligada de la evaluación, y que no discrimine a nadie».