El Comercio

El consejero de Educación, Genaro Alonso.
El consejero de Educación, Genaro Alonso. / J. PRIETO

Educación prevé recurrir el fallo que facilitará a los interinos cobrar el plus

  • El consejero defiende una evaluación docente solo para funcionarios, ya que «presupone la valoración de un trabajo continuado en el tiempo»

Un mes. Ése es el plazo estimado para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo dicte sentencia por el caso de Carlos Álvarez Santirso, el profesor interino con más de dieciséis años de experiencia que decidió presentarse al Plan de Evaluación Docente del Principado (orientado a funcionarios de carrera con cinco años de antigüedad) y fue excluido por su condición de interino. Ante las dudas que le planteaba la compatibilidad de este plan con el Acuerdo marco europeo de trabajo de duración determinada, el magistrado titular, Juan Carlos García López, decidió suspender el proceso y consultar al Tribunal de Justicia Europeo, que ha concluido que «no hay ninguna razón objetiva» para dicha exclusión, pues «funcionarios e interinos hacen la misma función», el plan «no tiene ninguna repercusión en la progresión profesional» y el cobro del incentivo en caso de superar la evaluación es «una condición más de trabajo».

Es de prever que, tras este pronunciamiento, el magistrado se pronuncie a favor del profesor, lo que abriría la puerta a que un centenar de docentes en su misma situación, con demandas en los tribunales, vieran reconocido este derecho. La cifra de beneficiarios puede ser incluso mucho mayor, ya que en la última convocatoria quedaron excluidos 913 interinos por su condición de eventuales.

Ante la trascendencia del auto, todas las miradas estaban puestas en la reacción del consejero de Educación, Genaro Alonso. Y ayer, en su visita a la Casa de Les Radios, en el concejo de Bimenes, se pronunció. Quiso dejar claro que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo aún no ha dictado sentencia y, cuando lo haga, la consejería la valorará. «La estudiaremos para, en su caso, si lo estimamos, recurrirla, y cuando sea de firme aplicación, la cumpliremos». La consejería hizo hincapié en que el fallo aún no existe y, por lo tanto, no lo tiene encima de la mesa. Cuando así ocurra, recalcó, se estudiará. «Pero, en principio -continuó Alonso-, seguimos pensando y defendiendo que esta evaluación docente está pensada, por su propia naturaleza, para los funcionarios docentes, no para los interinos, porque una evaluación presupone una valoración de un periodo, de un trabajo continuado, y no de un trabajo parcial o sometido a periodos de inactividad».

El primero en responder a sus palabras fue ANPE, el sindicato que presentó, en nombre de Carlos Álvarez Santirso, la demanda y ha impulsado más de un centenar por la misma circunstancia. «Se refugia la consejería en un argumento baladí al estimar que el plan tiene como finalidad evaluar 'la función docente sostenida en el tiempo', cuando este objetivo no aparece ni una sola vez en la ley que lo regula ni el decreto que lo desarrolla». En su opinión, «el Principado mantiene un posicionamiento contumaz y rebelde frente a una normativa directa de aplicación, rayando, según los expertos consultados, la prevaricación». «El asunto -subrayó- es nítido: lo que la legislación europea prohíbe sin ambages, según el auto, es impedir el acceso al plan por la condición de interino».

Proceso más largo, más gasto

Por eso, quiso llamar a «la cordura y al sentido común» y advirtió al departamento de Genaro Alonso que «oponerse ahora solo alargará la aplicación efectiva de una medida que no admite interpretación distinta, según el Tribunal de Justicia Europeo, y cuyo enconamiento supondrá costes judiciales para los afectados y para la propia administración». Según la primera estimación que hizo ANPE basándose en los 913 interinos excluidos de este año, el coste anual podría alcanzar los 1,8 millones de euros anuales. Precisó, también, que el personal interino al que se le reconoce el derecho «encadena contratos curso tras curso, acumulando años de servicios en puestos vacantes, por no facilitarle su acceso como funcionarios de carrera por la no convocatoria de oposiciones». En línea similar se manifestó el Conseyu por otra función pública n'Asturies, quien indicó que «el auto paga al Principado con la misma moneda: la Administración ha venido precarizando el empleo público durante los últimos años, con unos porcentajes de interinidad superiores al 20%, para ahorrar dinero y, de paso, minar las condiciones de imparcialidad que van asociadas a la condición de funcionario fijo». Sostiene que la consecuencia de «este fraude masivo en el mantenimiento de interinidades de larga duración es clara: el defraudador, el Principado, ha sido pillado y le toca pagar el complemento de la 'carrera profesional a los interinos de Educación, Sanidad y el resto de sectores administrativos, con cinco o más años de antigüedad».