El Comercio

El nuevo contrato de seguridad de Sograndio no atenderá solo al criterio precio

  • El consejero de Presidencia ha explicado que el nuevo acuerdo incoporará cláusulas «sociolaborales». l El objetivo de su departamento es hacerlas extensibles progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional con sus proveedores

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que el próximo contrato de seguridad del centro de menores de Sograndio incorporará cláusulas "sociolaborales" y permitirá, además, que la adjudicación de los mismos "no se resuelva exclusivamente" al criterio de precio.

También ha abundado que ante situaciones de igualdad entre las ofertas está previsto que el desempate se realice atendiendo como primer criterio al número de personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento y como segundo, al número de mujeres de la plantilla.

El consejero ha realizado estas afirmaciones en su comparecencia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, en la que ha informado acerca del cumplimiento de la moción aprobada por el pleno del Parlamento sobre política general en materia de seguridad y, la seguridad en los centros de menores y otras dependencias titularidad del Principado.

Martínez ha subrayado que las cláusulas sociolaborales se aplicarán en primer término en el centro de menores de Sograndio, si bien el objetivo de su departamento es hacerlas extensibles progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional con sus proveedores.

Adicionalmente, el nuevo contrato del centro de Sograndio también recogerá una serie de medidas orientadas a asegurar la seguridad de los internos y trabajadores de la institución, entre ellas la ampliación del sistema de videovigilancia, la implementación de las medidas de detección de elementos prohibidos y la existencia de un deber permanente por parte de la empresa de auditar la seguridad del centro.

En la actualidad, el Principado tiene suscritos 19 contratos con empresas de seguridad privada para 105 edificios, que protegen 229 visitantes vigilantes.

En el caso del centro de Miraflores, de naturaleza diferente al de Sograndio -35 vigilantes- según ha precisado Martínez, una decena de vigilantes de seguridad realizan servicio en la actualidad en este equipamiento.

La adopción de criterios que "concilian" la libre concurrencia con el valor social de la contratación pública, de manera que ésta no se rija exclusivamente por la oferta económicamente más ventajosa, supone un paso que permite "avanzar" en el desarrollo de la directiva europea sobre contratación pública. "Quisiera ir más lejos, pero no es posible cambiar la ley estatal", ha apuntado el consejero de Presidencia.

La diputada del Grupo Parlamentario de IU Concha Masa ha apreciado que la situación "ha mejorado" en cuanto a los contratos establecidos entre el Principado y las empresas privadas de vigilantes de seguridad, aunque todavía queda "bastante camino por andar".

En su opinión, la normativa europea "abre camino" a introducir cláusulas, y ha expresado su deseo de que los nuevos contratos vayan recogiendo criterios que ponderen cada vez menos cuestiones de precio frente a las laborales y sociales, lo que influirá en la "disminución de conflictos laborales".

El diputado del PP Rafael Alonso ha indicado que "queda claro" que desde la fecha de aprobación de la moción hasta ahora "se continuó una práctica", si bien ha valorado que en algún pliego se ha introducido alguna modificación, aunque no en todos se han incluido las cláusulas anunciadas.

La parlamentaria de Podemos Lucía Montejo ha expuesto que para la formación morada la resolución, con un contenido variado con algunos puntos que "dependían" de otros, cuenta con una parte que está "incumplida", y ha abogado por suspender los contratos suscritos con empresas "defraudadoras o que vulneran" derechos de los trabajadores.

La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, que ha dicho que la moción no está cumplida al "cien por cien", ha matizado que la denominada cláusula social es "más bien un derecho" que tienen los trabajadores que prestan sus servicios en una empresa de seguridad privada, según recoge su convenio colectivo.

Pedro Leal, diputado de Foro, ha considerado que "no está cumplida" la moción aprobada por unanimidad del pleno de la Junta General en noviembre del pasado año, ha insistido en que queda "trabajo por hacer".