El Comercio

Íñigo Méndez de Vigo.
Íñigo Méndez de Vigo. / EFE

El Congreso reclamará al Gobierno la paralización «inmediata» de las reválidas

  • Ejecutivo y PP se quedarán solos frente a toda la oposición en su empeño por implantar este curso pruebas finales en Secundaria y Bachillerato

El Gobierno y el PP sufrirán hoy, según todas las previsiones, una contundente derrota parlamentaria. El pleno del Congreso, por abrumadora mayoría, reclamará al Ejecutivo que paralice «de forma inmediata» el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y, en concreto, que desista de implantar en este curso las polémicas reválidas al final de la Educación Secundaria y del Bachillerato.

La oposición en bloque, seis de cada diez diputados del hemiciclo, dejará al PP aislado y respaldará una proposición no de ley del Partido Demócrata Catalán (la antigua Convergencia) que insta al Ejecutivo a derogar el real decreto por el que reguló las condiciones para que este año los alumnos de último curso de la ESO (cuarto) y los de último curso de Bachillerato (segundo) tengan que enfrentarse en junio de forma obligatoria a sendas pruebas de conocimientos que si suspenden les impedirán obtener el título con independencia de que hayan aprobado o no el curso.

En este curso, por ser el primero de aplicación del cambio normativo, el pinchazo en estas evaluaciones externas no tendría efectos directos y no implicaría quedarse sin el título, cosa que sí ocurriría en años sucesivos, según el decreto aprobado el 29 de julio. La segunda reválida, la del Bachillerato, es aún más relevante porque cumplirá además un papel similar al de la antigua selectividad -marcará la nota final para el acceso a la Universidad- al quedar derogada por la LOMCE la anterior prueba.

La mayoría del Congreso, en el segundo pleno de la legislatura, quiere dejar claro a los populares que hace tres años el entonces ministro José Ignacio Wert impuso al resto del hemiciclo una reforma (la LOMCE) sin consenso gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba, pero que ahora, con 137 diputados, ni el PP ni el Gobierno están ya en condiciones de mantener el desarrollo de la norma frente al resto de formaciones por más tiempo. Las proposiciones no de ley del Parlamento carecen de carácter vinculante y no obligan al Ejecutivo a su cumplimiento, pero sí tienen valor político y más en este caso por el enorme respaldo.

Por puntos

El punto primero de la iniciativa, que pide la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la no implantación de las reválidas, podría alcanzar el apoyo de 213 diputados, el 61% de la cámara, al ser respaldado, según prevén los grupos, por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV y el Grupo Mixto. Todos salvo el PP.

El punto segundo, el que pide «impulsar urgentemente las iniciativas necesarias para derogar la LOMCE», también será aprobado con mayoría, pero del bloque opositor se podrían caer los 32 votos de Ciudadanos. La formación naranja negocia con el PDC una enmienda que sustituya la exigencia de derogación de la LOMCE -que cree que provocaría un vacío legal- por su paralización y la creación inmediata de una subcomisión parlamentaria para lograr en seis meses una pacto nacional por la educación que dé a luz una nueva ley con amplio consenso que sustituya a la impuesta por Wert.

Pese a que el PP y el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, conscientes de su minoría, dicen estar abiertos a negociar un pacto de Estado en la materia, por el momento no han dado señal alguna de que estén dispuestos a aceptar, mientras se habla, la paralización de las reválidas. El ministro, de hecho, aprovechó el acto de inauguración oficial del curso universitario para destacar ayer que «la prueba final de Bachillerato es conforme a los requisitos legales y la adecuada a las necesidades de los alumnos y sus familias».

Recurrida por 13 regiones

El 'no' político a las reválidas se suma a la oposición a su implantación de trece de las diecisiete comunidades autónomas -alguna de las cuales, como Asturias, la recurrirá en los tribunales-, de los sindicatos de profesores, de las principales asociaciones de padres, y de las organizaciones de estudiantes, que han convocado una huelga el 26 de octubre para exigir su derogación.