El Comercio

El Gobierno desoirá la reclamación del Congreso de derogar las reválidas

  • El PP, sabedor de que ahora está en minoría, sí ofreció un futuro pacto de Estado para reformar la LOMCE

El Gobierno no tiene intención de atender la demanda que ayer le realizó el Congreso, con el respaldo de toda la oposición, para que derogue el real decreto que aprobó el pasado 29 de julio y renuncie a poner en marcha este curso las reválidas para los alumnos del último curso de la Secundaria (cuarto) y del Bachillerato (segundo).

La posición del Ejecutivo llegó al hemiciclo por boca de la portavoz popular Sandra Moneo, que dejó claro que el curso ya ha comenzado con unos currículos concretos, que incluyen estas pruebas externas de conocimientos sin cuya aprobación será imposible lograr la titulación aunque se haya aprobado el curso, y que «ya no se puede volver atrás» sin provocar «un caos». De cara al futuro, el PP, sabedor de que ahora está en minoría, sí ofreció un pacto de Estado para reformar la LOMCE, cuya sustitución urgente reclama toda la oposición y la mayor parte de la comunidad educativa.

La petición de paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la derogación del decreto de reválidas la exigieron PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Grupo Mixto, a partir de una proposición de la antigua Convergència. Solo el PP votó en contra, mientras que Ciudadanos se abstuvo. Así pues, el resultado de la votación fue de 175 síes, 133 noes y 34 abstenciones.

«Una inversión, no un gasto»

Durante su intervención en el debate, al que no asistió el ministro de Educación y diputado, Íñigo Méndez de Vigo, la defensora de la propuesta, la independentista Míriam Nogueras, defendió la paralización de la LOMCE y la búsqueda de una ley que se base en el «consenso y la perdurabilidad». En este sentido pidió a los miembros de la Cámara que no dejen que «cuatro años de legislatura sea su horizonte» y que consideren la educación como «una inversión y no como un gasto».

El portavoz socialista de Educación en el Congreso, Manuel Cruz, afirmó que su grupo quiere paralizar la LOMCE -una norma que, afirmó, supone una vuelta a los años 70 y «cronifica la brecha social»- por razones «de coherencia». A su juicio, la única forma de abordar una cambio real en el sector es el pacto por la educación «que la sociedad está reclamando» creando una subcomisión que permita elaborar un nuevo marco legal.

En la misma línea, el diputado de IU y ponente de Unidos Podemos, Miguel Bustamante, criticó el sistema de reválidas porque lo único que consigue es «expulsar a los hijos de los trabajadores de la escuela pública. La LOMCE apoya una educación elitista», añadió. También el PNV opina que la conocida como 'ley Wert' «no mejora el sistema, sino que retrocede con una visión de la educación arcaica», según expuso Mikel Legarda. El portavoz de ERC, Joan Olóriz, calificó la LOMCE como el «último eslabón de un control político-ideológico de la educación» un sistema que, subrayó, «siempre fracasa».

Amplio rechazo

La diputada Marta Martín, de Ciudadanos, apuntó que su partido «quiere la paralización de la LOMCE y del decreto de las reválidas» porque es una norma aprobada de «tapadillo» que cuenta con el rechazo del 80% de los docentes, muchos sindicatos y comunidades autónomas, además de «tener en vilo a 400.000 familias de alumnos que se tienen que examinar y no saben cómo, cuando y dónde» tienen que hacerlo. No obstante, eludió apoyar la iniciativa alegando que su objetivo es alcanzar un pacto nacional educativo como el que se recogía en los acuerdos de investidura que su partido firmó tanto con Pedro Sánchez como con Mariano Rajoy.