El Comercio

La médica acusada por la muerte de una niña de 19 meses se declara inocente

Julio César Galán, Estíbaliz V. y un colega, después de que se suspendiera la vista.
Julio César Galán, Estíbaliz V. y un colega, después de que se suspendiera la vista. / MARIO ROJAS
  • El abogado de los padres presenta una serie de informes que obligan a suspender el juicio. «Esto incrementa su dolor», lamenta el letrado

El juicio por la muerte de Ana Suárez Fernández, la pequeña de Luiña que falleció con 18 meses tras atragantarse con una palomita, comenzó ayer con acusaciones de «mala fe» entre las partes y un magistrado que, no ocultando su frustración, ordenó suspender las vistas hasta nuevo aviso. En el banquillo se sienta Estíbaliz V., una especialista en cirugía pediátrica que atendió a la paciente y está acusada ahora de homicidio imprudente. La fiscal pide para ella un año y seis meses de cárcel, y los padres de la víctima, cuatro. La defiende Julio César Galán, quien sostiene que su cliente es inocente y solo cumplió los protocolos habituales en la época.

La discrepancia se desató nada más tomar asiento la fiscal, los abogados de los padres de la difunta, la médica y a la que se acusa de homicidio imprudente, el servicio de salud (Sespa), y la aseguradora del organismo. Ignacio Pérez, el letrado de los deudos, tomó la palabra para solicitar la admisión de una serie de informes médicos, alguno de la Asociación de Pediatría, y que detallan la necesidad de practicar broncoscopias ante cuadros como el que presentaba la menor.

«Si se la admito, la otra parte va ha pedir que suspendamos el acto para estudiar la documentación», advirtió molesto José María Serrano, titular del Juzgado número 1 de lo Penal. Los aludidos confirmaron al momento su sospecha, señalando que su colega actuaba con «mala fe porque ha tenido tiempo de sobra para presentar estos informes; podía al menos haberlos entregado hace dos semanas para que los estudiáramos». Galán y Pablo Cabo -representante de la aseguradora-, recordaron que durante la instrucción de la causa ellos ya habían registrado cuatro informes periciales distintos, otorgando así a su contraparte margen suficiente para rebatirlos.

Carmen Rodríguez, la fiscal adscrita al caso, trató de apaciguar recordando que en la primera sesión solo estaba previsto que hablaran la acusada y dos de los peritos, pruebas que estimó podían celebrarse igualmente. El magistrado, sin embargo, consideró que los letrados de la acusada, el seguro y el Sespa estaban en lo cierto, y que necesitan de al menos diez días para analizar los artículos médicos presentados.

El juicio ha quedado así interrumpido antes de comenzar, lo que «va a retrasar la posibilidad de que estos padres, por fin, cierren este episodio; les están provocando un incremento en su dolor absolutamente innecesario», declaró Ignacio Pérez.